Crisis política en Jujuy: Represión y violación de derechos civiles sacuden la provincia

Informe preliminar de Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos revela graves abusos por parte de las autoridades que ordenaron la represión

Jujuy, Argentina – En medio de una aguda crisis política, la provincia de Jujuy se encuentra sumida en una creciente tensión debido a la represión y violación sistemática de los derechos civiles por parte de las autoridades a la que se dió inicio el pasado 16 de junio y continuó ininterrumpidamente hasta hoy por deseo del gobernador Gerardo Morales. Un informe preliminar presentado por la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos revela perturbadoras prácticas represivas, condenables y reminiscentes de los oscuros días de la dictadura militar.

En medio de una aguda crisis política, la provincia de Jujuy se encuentra sumida en una creciente tensión debido a la represión y violación sistemática de los derechos civiles por parte de las autoridades a la que se dió inicio el pasado 16 de junio y continuó ininterrumpidamente hasta hoy por deseo del gobernador Gerardo Morales

Hoy, mientras se redactaba el mencionado informe, se están llevando a cabo múltiples detenciones y allanamientos en la capital, San Salvador de Jujuy. Según los datos recabados hasta el momento, al menos 18 personas, entre ellas destacados líderes sociales y gremiales, están siendo buscadas por las autoridades.

El informe, publicado en circunstancias urgentes debido a los acontecimientos en desarrollo, detalla una serie de graves violaciones a los derechos humanos en la provincia. En el día de ayer, órdenes de detención y allanamiento fueron emitidas contra 22 personas de la comunidad de Humahuaca, acusadas de delitos como sedición y secuestro de personas, en relación a su participación en manifestaciones frente a la intendencia local. Simultáneamente, en la legislatura provincial se debatía el desplazamiento del intendente de La Quiaca, quien respaldó las demandas de las comunidades originarias. Agravando aún más la situación, personal policial ingresó a la Universidad Nacional de Jujuy, violando su autonomía universitaria.

Ante esta alarmante situación, se espera que representantes de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos se reúnan con altos funcionarios del gobierno nacional, incluyendo la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y la presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández de Kirchner, así como el ministro de Justicia, Martín Soria, y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

El informe preliminar establece claramente que el Estado argentino y las autoridades provinciales de Jujuy deben ser investigados por los presuntos abusos cometidos durante las protestas gremiales y contra la reforma constitucional que tuvieron lugar desde el 15 de junio de 2023. Se denuncia el uso desproporcionado de fuerzas de seguridad provinciales y grupos parapoliciales para reprimir, someter, detener, torturar, perseguir, amenazar e intimidar a la población civil indefensa.

Las prácticas represivas descritas en el informe son alarmantemente similares a las utilizadas durante la última dictadura militar en la provincia: allanamientos sin órdenes judiciales, destrucción de propiedades, maltrato físico y psicológico, e incluso abusos sexuales. También se han registrado hostigamientos y amenazas a través de la intimidación laboral, espionaje ilegal en redes sociales, y violaciones a los derechos fundamentales de reunión, libertad de expresión y protesta.

El Estado jujeño debe enfrentar una investigación exhaustiva por el despliegue de estas prácticas represivas abusivas e ilegales contra la población civil indefensa. Además, se debe investigar su ataque sistemático y generalizado hacia comunidades indígenas, campesinas, líderes sociales y medios de comunicación independientes.

En consecuencia, el informe insta al pueblo argentino, y en particular a los jujeños, así como a las víctimas de esta represión ilegal, a buscar todas las instancias jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales, en busca de verdad, justicia y reparación integral.

La situación en Jujuy demanda una acción urgente para garantizar el respeto a los derechos humanos y restaurar la estabilidad política y social en la provincia. El informe preliminar es solo un primer paso hacia la plena comprensión y solución de esta preocupante crisis que afecta a la comunidad jujeña y al conjunto del país.

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