De un tiempo a esta parte y entre tantas otras cuestiones, algo de lo que casi ningún medio refiere y que se ha ido acrecentando de manera silenciosa es la crisis habitacional.
Si bien el derecho de acceso a la vivienda digna está garantizado en nuestra Carta Magna, salvo contadas iniciativas de parte de gobiernos populares, en ningún caso se ha visto la ejecución de políticas de Estado tendientes a garantizarlo. De hecho, el gobierno de Mauricio Macri desechó por completo lo que fuera el PROCREAR, para convertirlo en un negocio para los privados en desmedro de todo aquél que se planteara la posibilidad de alcanzar el sueño de la casa propia.
La cuestión es acuciante. Se estima que en Argentina el 34% de la población alquila. En la región, y fundamentalmente en las ciudades turísticas como Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, etc, es donde más se nota el impacto de esta crisis. Demográficamente han crecido considerablemente pero no hay una infraestructura que garantice la posibilidad a aquellos que no son propietarios de poder afincarse.
Por averiguaciones que realizó este medio, en Bariloche o Villa La Angostura, llegan a pedir hasta $150.000 por un monoambiente amoblado y prácticamente no hay. La situación es tan grave que grupos familiares distintos se unen para compartir viviendas de alquiler, pues les resulta imposible costear en soledad, el valor del mismo o bien se dan casos en que las personas deben renunciar a sus empleos y mudarse de ciudad con todo lo que ello trae aparejado. En muchos casos, los propietarios se vuelcan al negocio del alquiler turístico, razón por la cuál cada vez hay menos viviendas de alquiler permanente.
No hay control sobre los propietarios y mucho menos sobre las inmobiliarias, que aprovechan el escenario y no sólo fijan valores exorbitantes sino que incluso establecen condiciones contrarias a la Ley de Alquileres, fijando, por ejemplo, plazos de contrato trimestrales, cuando el mínimo fijado en el marco normativo es de tres años.
Los inquilinos a lo largo y ancho del país se han nucleado en distintas organizaciones. En Río Negro quien lleva la voz cantante es la Unión de Inquilinos Rionegrinos. Dicha organización milita en defensa de los derechos de los inquilinos y ofrece en forma muy didáctica asesoramiento a través de su portal de facebook, a la vez que tienen un whatsapp en el que bien pueden hacerse todo tipo de consultas. Roberto Díaz, referente de la Unión, sostuvo en una entrevista concedida a FM General Roca 93.5 que, “…es responsabilidad del Estado Nacional velar por la aplicación de la Ley de Alquileres y que para sortear la problemática es necesario un plan integral y específicamente pensado para cada región.
La raíz del problema? La demanda y el nivel de impunidad que manejan las inmobiliarias pues no existe un órgano encargado de ejercer el debido control en una relación que por demás es desigual desde los inicios. Si bien la letra de la norma no contiene un sólo artículo que perjudique a los inquilinos, lo cierto es que al no existir un contralor gubernamental, el panorama es desolador para aquellos que deben someterse a las abusivas cláusulas que encierran los contratos de locación.
Ahora bien, aún complementando el marco regulatorio con un exhaustivo control a cargo de un organismo estatal, es necesaria y urgente la implementación de políticas tendientes a generar las condiciones que garanticen el derecho a la vivienda digna consagrado en nuestra Constitución Nacional y no dejar librado el terreno para que los especuladores hagan de la necesidad popular un negocio espurio.
Info de Interés
Unión de Inquilinos Rionegrinos
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whatsapp: +54 294 460-8585
Unión de Inquilinos Neuquinos
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teléfono: +54 299 582-9478