El gobernador de Río Negro elimina las licencias gremiales para los líderes de UnTER, en una clara maniobra para debilitar al sindicato docente y evitar enfrentar la crisis salarial y de infraestructura en las escuelas.
Weretilneck y su ajuste disfrazado de eficiencia
La relación entre el gobierno de Alberto Weretilneck y el gremio docente UnTER ha alcanzado un punto de quiebre, y el gobernador no ha tardado en mostrar sus cartas: cortar las licencias gremiales de los 20 líderes sindicales del gremio, con el pretexto de un supuesto “uso responsable de los recursos públicos”. Sin embargo, esta medida no es más que otro capítulo en la creciente persecución sindical que el gobernador ha emprendido, en lugar de hacer frente a las verdaderas demandas de la comunidad educativa.
Lejos de preocuparse por los salarios dignos o por mejorar las paupérrimas condiciones de las instituciones educativas en Río Negro, Weretilneck prefiere cargar contra el sindicato docente, intentando deslegitimar su lucha y limitar el derecho de los trabajadores a organizarse y defender sus derechos. Lo que se presenta como un recorte a las licencias es, en realidad, un ajuste encubierto contra quienes alzan la voz en defensa de la educación pública.
Un ataque directo a la actividad sindical
La cancelación de las licencias gremiales, que afectaba a 20 docentes de la cúpula de UnTER y tenía un costo mensual superior a los 20 millones de pesos, es un ataque directo al derecho a la representación sindical. Lejos de ser una medida aislada, se trata de una decisión que busca debilitar la actividad sindical en un momento clave, en el que los docentes se encuentran movilizados exigiendo mejores condiciones salariales y laborales.
Pero el recorte no se detiene allí. El gobierno de Weretilneck evalúa también eliminar otras licencias que afectan a 65 docentes, lo que implicaría un recorte de más de 132 millones de pesos mensuales. Todo esto en un contexto donde los reclamos por mejores sueldos y el pedido de una inversión real en la educación pública son ignorados sistemáticamente por el gobierno provincial.
La represión y el ajuste como respuesta
Los incidentes recientes en la Legislatura, que incluyeron represión policial contra docentes que protestaban por la aprobación en primera vuelta del proyecto de educación esencial, marcan el clima de confrontación que el gobierno ha decidido imponer. Weretilneck no solo promueve leyes que buscan convertir a la educación en un “servicio esencial” para eliminar el derecho a huelga, sino que también promete llevar a los sindicalistas a la justicia, criminalizando la protesta social y sindical.
Durante un reciente acto en Jacobacci, el gobernador, visiblemente molesto por las pancartas de ajuste que llevaban los manifestantes, sentenció con desprecio: “Ahora van a tener ajuste”. Estas palabras no solo reflejan su visión autoritaria sobre la gestión pública, sino que también desnudan su estrategia de fondo: someter a los docentes y a sus representantes en lugar de encarar los problemas de raíz.
Prioridades equivocadas: pautas millonarias en lugar de inversión en educación
Es irónico, por no decir indignante, que mientras Weretilneck recorta licencias gremiales y clama por un uso responsable de los recursos, no tenga ningún problema en destinar millonarias sumas de dinero a medios de comunicación que prácticamente no existen. Mientras que las escuelas se caen a pedazos y los sueldos de los docentes apenas alcanzan para llegar a fin de mes, el gobierno provincial gasta fortunas en medios afines, cuyos únicos propósitos parecen ser maquillar la realidad y evitar las críticas hacia su gestión.
¿Es realmente un problema para el gobierno el costo de las licencias gremiales, o lo que molesta es que UnTER siga alzando la voz contra un modelo de gestión que favorece el ajuste y la represión? La respuesta parece evidente.
Weretilneck, lejos de la educación y cerca de la persecución
La estrategia de Weretilneck está clara: acallar al sindicato, evitar que los trabajadores de la educación sigan en las calles exigiendo lo que les corresponde, y continuar con un ajuste feroz que castiga a los docentes y a los estudiantes por igual. Si realmente le interesara la educación en la provincia, sus esfuerzos estarían puestos en pagar sueldos dignos, en blanco, y en invertir en la infraestructura escolar, no en recortar derechos laborales.
Es violento legislar en contra de los trabajadores, es violento reprimir las protestas sociales, y es violento destinar millones a pautas publicitarias mientras los maestros rionegrinos luchan por condiciones mínimas para poder enseñar.
Si Weretilneck quisiera un sistema educativo fuerte, garantizaría el derecho a la educación a través del trabajo digno y el respeto por quienes sostienen la escuela pública. Pero lejos de esto, su gobierno sigue empeñado en aplastar la actividad sindical, mientras el ajuste sigue avanzando sobre la educación pública y sus trabajadores.