El reclamo de los trabajadores judiciales y la indiferencia del TSJ
Ayer por la mañana, trabajadores y trabajadoras judiciales volvieron a marchar hacia el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con un reclamo que ya lleva un año sin respuestas. A pesar de que en septiembre de 2023 se aprobaron siete títulos del Convenio Colectivo de Trabajo y el Protocolo de Violencia Laboral, hasta la fecha, el TSJ ha incumplido con su implementación. ¿Cómo puede la sociedad confiar en un Poder Judicial que no solo no es justo con sus propios trabajadores, sino que además incumple sus compromisos y la Ley?
El Convenio Colectivo no es simplemente un acuerdo interno: encierra la promesa de mejorar las condiciones laborales, lo que directamente impacta en la calidad del servicio que se brinda a la sociedad. Un servicio que hoy está colapsado, entre otras razones, por la falta de personal. Los judiciales, que ya lidian con sobrecarga laboral y estructuras insuficientes, también deben soportar la indiferencia de las autoridades. La mejora de sus condiciones no solo beneficiaría a los trabajadores, sino que permitiría una justicia más rápida y eficiente para todos.
Es importante recordar que la Ley 2670 obliga al TSJ a implementar los acuerdos paritarios en un plazo de 10 días hábiles. Un plazo que ha sido sistemáticamente ignorado, dejando a los judiciales sin las mejoras acordadas. Como si esto no fuera suficiente, la Federación Judicial Argentina presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando que la falta de avance en la negociación colectiva constituye una violación de los derechos laborales, responsabilidad que recae tanto en el Estado provincial como en el nacional.
La realidad es que sin condiciones laborales dignas, no se puede garantizar una Justicia efectiva. ¿Cómo se puede pretender que el Poder Judicial sea garante de justicia, cuando ni siquiera es capaz de respetar los derechos de sus propios trabajadores? La víctima aquí, es la sociedad toda, pero sobre todo los mas vulnerables.
El próximo lunes 9 de septiembre se realizará una asamblea provincial, donde se discutirán los próximos pasos. Los trabajadores judiciales, que diariamente sostienen el funcionamiento de un sistema colapsado, no piden más que lo justo.