En vísperas de un paro docente, el gobierno de Weretilneck avanza contra los trabajadores de la educación con un proyecto de ley que pretende declarar a la educación como «servicio esencial». Los docentes resisten de pie, mientras el gobierno recurre a prácticas tiránicas y amenazas.
El gobierno de Río Negro, liderado por Alberto Weretilneck, ha vuelto a mostrar su verdadera cara: la del atropello y el desprecio hacia los derechos de los trabajadores. En un intento más por debilitar la resistencia docente, el oficialismo ha introducido para su tratamiento en la Legislatura el proyecto de ley que busca declarar a la educación como un «servicio esencial», una maniobra perversa que no tiene otro fin más que restringir el derecho a huelga y someter a los docentes a un ajuste brutal.
La reacción no se hizo esperar. En un video publicado por la UnTER, Gustavo Cifuentes, Secretario Adjunto del gremio, denunció los recientes movimientos del gobierno en la Comisión de Labor Parlamentaria, que motivaron la movilización inmediata de los docentes. El gremio instaló una carpa frente a la legislatura y convocó a una vigilia que culminará con una fuerte concentración, dejando en claro que no están dispuestos a ceder ante los embates del oficialismo.
Esta no es la primera vez que Weretilneck y sus secuaces muestran una actitud «patoteril». Hace apenas unos días, el gobernador no tuvo reparo alguno en amenazar públicamente a los docentes con más ajuste, dejando en claro que el diálogo y el consenso son meras palabras vacías en su discurso. Ahora, con este proyecto de ley, busca consolidar su ofensiva y bajarle el precio a la educación , cuando en realidad es un derecho fundamental de la ciudadanía, y no un «servicio» que pueda ser manejado a su antojo.
El gobierno ha demostrado, una vez más, que su único interés es avanzar contra los trabajadores de la educación, aquellos que día a día sostienen el sistema educativo a pesar de las pésimas condiciones en las que se encuentran. En lugar de reconocer los problemas , como la falta de infraestructura adecuada, la carencia de insumos en comedores escolares y los salarios indignos que mantienen a muchos docentes bajo la línea de pobreza, el gobierno opta por reprimir con una ley que busca callar las voces de quienes luchan por una educación digna.
Este movimiento se produce llamativamente, en la víspera de un paro docente convocado por la UnTER, cuyo pliego de reclamos expone claramente las carencias del sistema educativo provincial: edificios en condiciones, transporte escolar sin interrupciones, comedores con insumos suficientes, recursos y tecnología actualizada, salarios dignos, y la cobertura de todos los cargos necesarios para garantizar el acompañamiento adecuado a los estudiantes. Esas son las demandas justas que el gobierno elige ignorar, prefiriendo imponer un ajuste y aplastar el derecho a protestar.
De un tiempo a esta parte, asistimos a una serie de demostraciones tiránicas por parte del oficialismo y sus aliados de turno. Se apuesta al conflicto y el malestar va creciendo entre los trabajadores de la educación que ven cómo sus derechos son sistemáticamente atropellados. No es casualidad que el gobierno haya elegido este momento para avanzar con el proyecto de ley. Están nerviosos, temen el poder de la lucha colectiva, y por eso recurren a prácticas tan bajas y antidemocráticas.
Pero lo que el gobernador y su séquito parecen olvidar es que los trabajadores de la educación han enfrentado situaciones similares y han salido más fuertes. Este nuevo intento por silenciar a los docentes no será la excepción. La resistencia se mantiene de pie, y el mensaje es claro: la educación es un derecho, no un servicio.
Mañana, se espera una gran concentración frente a la legislatura que demostrará, una vez más, que los docentes están dispuestos a dar la batalla por la educación pública. El gobernador Weretilneck debería tomar nota: gobernar no es sinónimo de atropellar, y los docentes no permitirán que se les arrebaten sus derechos.