El verdadero objetivo de Juntos Somos Río Negro y el PRO sería limitar el derecho a la protesta de los docentes.
Los docentes en la mira del oficialismo y el PRO
En una nueva avanzada contra los derechos laborales, Juntos Somos Río Negro y el PRO le dieron media sanción al Proyecto de Ley para declarar la educación como un “servicio esencial”. Bajo esta máscara de preocupación por el futuro de los niños, el objetivo real parece ser otro: eliminar el derecho a la protesta de los docentes, castigando cualquier intento de manifestación gremial.
El autor del proyecto, Juan Martín, legislador del PRO y presidente del partido en Río Negro, intenta convencer a la opinión pública de que esta medida garantiza una educación de calidad. Sin embargo, desde la oposición señalan que lo que realmente buscan es convertir a la escuela en un depósito de chicos, mientras ignoran la verdadera crisis que atraviesa la educación.
Un discurso de desprecio hacia la docencia
Facundo López, presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, llegó al extremo de declarar que preferiría «a los chicos en la escuela con medio docente cuidándolos que en la calle». Esta frase no solo minimiza la labor educativa, sino que también expone la falta de interés en mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y en garantizar una educación digna.
Es evidente que estas medidas están orientadas a castigar a los gremios como UnTER, a quienes se intenta demonizar por ejercer su legítimo derecho a la protesta. Las declaraciones de López y Martín no son más que un ejemplo de demagogia barata que degrada las instituciones democráticas, buscando desmovilizar a los trabajadores de la educación y estigmatizarlos ante la sociedad.
Represión y violencia: el verdadero rostro del gobierno provincial
El conflicto escaló cuando la protesta pacífica de UnTER frente a la Legislatura fue brutalmente reprimida por la policía provincial. Pese a las acusaciones de que los docentes agredieron a los policías, los videos muestran lo contrario: un operativo policial desproporcionado, con gases lacrimógenos que alcanzaron no solo a los manifestantes, sino también a los propios oficiales.
La gravedad del hecho se profundiza al revelarse que uno de los comisarios a cargo del operativo había sido sancionado previamente por reivindicar la última dictadura militar. Sin embargo, lejos de apartarlo de su cargo, participó activamente en la represión contra los docentes. Esta situación no solo es alarmante, sino que refleja la permisividad del gobierno provincial frente a actos que legitiman la violencia estatal, aún en democracia.
Un ataque a los derechos laborales en plena democracia
La represión a la manifestación de UnTER no es un hecho aislado, sino una clara señal de que el gobierno de Juntos Somos Río Negro está dispuesto a utilizar todos los medios posibles para aplastar la resistencia de los trabajadores. Violento es legislar contra los derechos laborales. Violento es permitir que un comisario que reivindica la dictadura participe en operativos represivos. Violento es golpear y reprimir a quienes defienden su dignidad en las calles.
La educación no puede ser un servicio esencial si lo que se busca es silenciar a quienes luchan por condiciones de trabajo justas y por una educación de calidad. Si realmente les interesara la educación, la educación, la salud de de los rionegrinos y rionegrinas deberían ponerse a trabajar
Trabajo y salarios dignos, la verdadera respuesta
Si el gobierno de Juntos Somos Río Negro y sus aliados realmente estuvieran preocupados por la educación, la seguridad y la salud de los rionegrinos, lo primero que deberían hacer es generar las condiciones para garantizar estos derechos. Y eso no se logra con represión ni demagogia, sino trabajando para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores.
Si lo que no quieren es ver a la clase trabajadora en las calles, luchando por sus derechos, la solución es simple: paguen salarios dignos, en blanco, que permitan a la gente vivir mejor. Generen condiciones de empleo justas, den acceso garantizado a la salud, y solo así, los docentes, los policías y todos los trabajadores estarán cumpliendo sus funciones sin necesidad de enfermarse o tomar licencias y mucho menos de marchar.
Nadie quiere estar en las calles luchando, pero cuando las condiciones laborales son precarias y los salarios no alcanzan, la resistencia es inevitable. Lo que necesitamos es una clase política trabajando por el bien común, no el mamarracho de un gobierno que actúa para silenciar la protesta y perpetuar la injusticia.