El congelamiento salarial y la precarización laboral condenan a miles de trabajadores a la pobreza, mientras la provincia se jacta de estabilidad económica
En un rincón de Río Negro, una docente prepara su aula para recibir a sus alumnos, pero su mente está en otra parte: el alquiler que sube, las facturas que se acumulan, el carrito del supermercado que cada vez se llena menos. No está sola. Como ella, miles de trabajadores estatales de la provincia enfrentan una realidad que contradice cualquier discurso oficial: el salario ya no alcanza.
El gobierno provincial ha decidido congelar los sueldos, una medida que no sólo afecta a los bolsillos de los empleados públicos, sino que impacta directamente en los pilares que sostienen a la sociedad: la educación, la salud y los servicios esenciales. En un contexto donde la inflación devora los ingresos y más de la mitad de la población rionegrina vive bajo la línea de pobreza, ¿qué significa que quienes garantizan estos servicios vivan la misma precariedad que intentan combatir desde sus puestos de trabajo?
La falta de una convocatoria a paritarias no es sólo un acto administrativo. Es un mensaje: «No hay lugar para ustedes en nuestras prioridades». Sin embargo, los trabajadores son los primeros en llegar y los últimos en irse. Están en las aulas enseñando, en los hospitales cuidando, en las oficinas resolviendo trámites esenciales para todos los ciudadanos. Su trabajo no sólo merece respeto, sino condiciones dignas.
Es fácil perder de vista la humanidad detrás de un conflicto laboral. Los trabajadores estatales no son números, ni estadísticas, ni titulares de medidas de fuerza. Son madres y padres que luchan por mantener a sus familias. Son jóvenes que sueñan con progresar, pero encuentran un sistema que los condena a la inestabilidad. Son quienes sostienen, con esfuerzo diario, el funcionamiento de una provincia que, paradójicamente, les da la espalda.
Mientras el gobierno insiste en que los salarios superaron la inflación, los tickets del supermercado, las boletas de servicios y los alquileres desmienten esa narrativa. Decisiones como estas no son neutras; perpetúan la desigualdad, empujan a miles de familias al límite y comprometen el futuro de los servicios públicos que todos necesitamos.
Hoy, más que nunca, es necesario repensar las prioridades. La estabilidad económica no puede construirse a costa de quienes sostienen la provincia. La dignidad laboral no es un lujo, es un derecho. Río Negro necesita valorar a sus trabajadores no sólo con palabras, sino con acciones concretas que garanticen salarios justos, estabilidad y reconocimiento.
Porque cuando trabajar no alcanza para vivir, algo está profundamente mal.