La legisladora critica la eliminación de leyes pioneras en defensa de derechos en Río Negro y alerta sobre el impacto del proyecto en la tutela judicial efectiva y la transparencia democrática.
La legisladora rionegrina Magdalena Odarda se diferenció del oficialismo y de quienes respaldaron el nuevo Código Procesal Constitucional sancionado recientemente en Río Negro. En declaraciones exclusivas a G40 Noticias, advirtió que este “falso compendio de leyes” representa, en realidad, un grave retroceso en materia de derechos individuales y colectivos.
Odarda señaló que el nuevo Código deroga seis leyes clave, entre ellas, la de acceso a la información pública, la que regula el hábeas corpus, el hábeas data y, especialmente, la Ley 2779 de acciones de amparo por derechos difusos. “La seguridad jurídica que promueve este proyecto no es para los ciudadanos, sino para las grandes corporaciones alineadas con los megaproyectos extractivistas del gobierno provincial”, subrayó.
La legisladora criticó duramente la nueva normativa por cercenar derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Se vulnera la tutela judicial efectiva, el derecho a un ambiente sano, los derechos de los usuarios y consumidores, los derechos de los pueblos indígenas y derechos básicos como el trabajo, la educación y la salud”, afirmó.
Tres puntos críticos del nuevo Código
Odarda enumeró tres razones fundamentales por las que considera que el Código Procesal Constitucional es inconstitucional:
- Mayores trabas al acceso al amparo: Se establecen requisitos que exceden los previstos por la Constitución Nacional, dificultando a los ciudadanos acudir a la justicia.
- Impacto económico disuasivo: Los costos de los juicios recaerán directamente sobre los ciudadanos o las organizaciones, desalentando la participación activa en la defensa de derechos.
- Eliminación de la participación ciudadana: La derogación del artículo 15 de la Ley 2779 elimina la posibilidad de que los ciudadanos sean informados y puedan adherir a juicios de interés público, afectando la transparencia y la participación democrática.
Organizaciones en alerta
La legisladora también destacó que más de 140 organizaciones de toda la provincia –sindicales, sociales y de jubilados– se manifestaron en contra del nuevo Código. Estas entidades enviaron notas a la Legislatura exigiendo un debate abierto y participativo, algo que, según Odarda, fue ignorado en el tratamiento legislativo.
“El sistema unicameral exige que se escuche a los ciudadanos entre la primera y segunda vuelta de tratamiento de una ley. En este caso, no solo no se cumplió, sino que se ignoró deliberadamente el derecho a la participación ciudadana”, denunció.
Responsabilidades políticas y judiciales
Odarda apuntó al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro como principal responsable de blindar, mediante su jurisprudencia, los proyectos extractivistas impulsados por el gobernador Alberto Weretilneck. “Este Código no es más que un instrumento para garantizar el avance de estos megaproyectos en detrimento de los derechos de los ciudadanos y del medio ambiente”, concluyó.
Con esta denuncia, la legisladora abre un debate urgente sobre el futuro de los derechos y la participación ciudadana en Río Negro, en un contexto de creciente resistencia social contra el modelo extractivista.