Con el auxilio de los gobernadores de Tucumán (PJ), Jujuy (UCR), Salta (PJ) y Catamarca (PJ), el gobierno de Milei consiguió media sanción en Diputados para la Ley de Bases y el paquete fiscal. El proyecto ahora entra al Senado donde los votos están más ajustados y los gobernadores son una pieza clave para sancionar un paquete de medidas con graves consecuencias para el pueblo trabajador.
Desde la “Mesa del Litio”, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, afirmó que “es muy importante que esta ley (Bases) se apruebe en el Senado” y aseguró que “somos tres gobernadores de distintos partidos políticos, que formamos una región de litio y hablamos de políticas de Estado. Ese es el cambio que nos está pidiendo la sociedad”.
Cuando Jalil habla de “sociedad”, en realidad se refiere al reclamo de empresas multinacionales como Arcadium Lithium (EEUU/Australia), Posco Holdings (Corea del Sur), Zijin Mining Group (China), Albemarle (EEUU), Mining Projects (Emiratos Árabes), y empresarios como Elon Musk o el argentino José Luis Manzano, propietario de Integra Lithium con negocios en Jujuy y Catamarca. Y es que el negocio del litio se verá directamente beneficiado por una fuerte reducción impositiva y en derechos aduaneros tanto en exportación como importaciones, libre disponibilidad de divisas, desregulación en todos los eslabones del negocio y la entrega de la soberanía jurídica ante cualquier reclamo contra el estado argentino o provincial.
Pero Jalil acierta en una cosa: el blindaje que ofrece esta Ley para los grandes empresarios es transversal a peronistas, radicales y libertarios. Los votos para aprobarla en el Congreso contó con el apoyo de los diputados del peronismo tucumano Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina, que formaron un bloque propio para poder votarle todo a Milei. No cuestionaron ni una coma, acompañaron la votación general y en particular en todos sus artículos. Y aunque los diputados Pablo Yedlin y Carlos Cisneros (UP) votaron en contra, en la provincia acompañan el ajuste que Jaldo aplica a los estatales y justifican como “comprensible” la decisión del gobernador.
Los votos “colaboracionistas” también llegaron desde la provincia de Salta, con los diputados aliados de Saenz Pamela Calletti, Outes Pablo y Yolanda Vega que además es productora agropecuaria. El gobernador posteó en su cuenta X “hoy es un día de alegría para el país”. Otra vez, cuando habla de “país”, se refiere a las patronales, no para las familias trabajadoras. La votación en particular de la Ley Bases también contó con la colaboración de algunos “ausentes”, como el caso del peronista jujeño Guillermo Snopek (en el capítulo de facultades delegadas/superpoderes y privatizaciones) y el voto afirmativo de los peronistas catamarqueños Dante Rodriguez, Silvana Ginocchio y Fernanda Ávila en todo lo referido al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que redundará en extraordinarios beneficios para las mineras.
El lobby catamarqueño tuvo una contrapartida: luego de excluir a Fernando Jalil, hermano del gobernador, del directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) para poner al frente a un ex funcionario macrista, logró excluir a esta empresa de la lista de privatizables. YMAD es una empresa controlada por el gobierno de Catamarca (60%) y la Universidad Nacional de Tucumán (40%), y percibe ingresos por derechos de explotación sobre las mineras Bajo de la Alumbrera (Glencore), condenada por la justicia por contaminación del aire, suelo, y derrames de metales peligrosos en aguas superficiales y aguas profundas. Los ingresos que reporta YMAD constituyen también una enorme caja negra por la cual el exrector de la UNT está imputado en una causa por administración fraudulenta, entre otros delitos. A pesar de las quejas por el nuevo directorio, Jalil y las camarilla radical y peronista que gobierna la UNT respiran tranquilos.
El capítulo tabacalero fue escandaloso. Gobernadores y legisladores del NOA actuaron como lobbistas directos, algunos en favor de Tabacalera Sarandí y otros en defensa de empresas como Massalin, la filial argentina de Phillip Morris. El peronismo tucumano votó con el bloque de La Libertad Avanza y en defensa del empresario Pablo Otero (Sarandí), en contra de la incorporación de un impuesto a los cigarrillos y que este empresario venía evitando pagar a través de medidas cautelares. El lobby para incorporar este capítulo en el paquete fiscal estuvo a cargo de los gobernadores de Salta y Jujuy, con el respaldo de las empresas y grandes productores-terratenientes perjudicados por el trato preferencial hacia el “Señor del Tabaco”.
También el negocio del citrus y el negocio sucroalcoholero tuvo a los gobiernos de Tucumán y Jujuy como representantes directos ante el ejecutivo nacional, no solamente logrando retirar del proyecto original la desregulación del mercado azucarero y la baja de impuestos a las exportaciones regionales, también en lo referido a los artículos de la reforma laboral que flexibilizan aún más el trabajo rural, que elimina las multas a empresarios que tengan trabajadores en negro, extiende el “período de prueba” hasta 1 año y se extiende al trabajo rural, que hasta ahora estaba excluído de dicho régimen, le da rienda suelta al fraude laboral a través de contratistas y elimina la moratoria para jubilaciones, que en el empleo temporario no se computan los años de trabajo sino los meses que dura la temporada.
Como denunció nuestro compañero Alejandro Vilca, diputado jujeño del PTS en el Frente de Izquierda, “hay muchos diputados que también son empresarios y festejan aplaudiendo que ingrese una reforma laboral en esta ley Ómnibus”. Junto a Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina del Plá, el FITU fue el único bloque que no solo votó en contra, en general y en particular, de todo el paquete de ajuste, sino que también acompañó en las calles las movilizaciones.
De entrar en vigencia, esta ley castigaría con particular saña a las provincias del NOA, donde la precarización laboral es extrema como reconoce hasta el Secretario General de la Uatre, José Voytenco, quien señala que ante sus propias narices la informalidad llega al 70% del empleo rural. Pero además la eliminación del régimen de indemnizaciones, la delegación de poderes monárquicos a Milei, que podrá ordenar el despido de miles de trabajadores estatales, el avance en las privatizaciones, así como la suba de impuestos a los trabajadores, son todas medidas que solo pueden agravar las condiciones de vida de las amplias mayorías.
Necesitamos una gran movilización y un plan de lucha para tirar abajo la Ley Bases en el Senado
El próximo 9 de mayo la CGT y CTA convocan a un paro nacional sin movilización, una nueva medida aislada que apenas busca descomprimir la bronca que crece por abajo, sin proponerse tirar abajo todo el plan de ajuste de este gobierno. Este paro debe ser activo, ¡basta de frenar la fuerza de la clase trabajadora! Pero la fuerza está en las calles, como lo vimos con la impresionante marea humana que se movilizó el pasado 23 de abril en defensa de la Educación pública en todo el país y también en las calles del NOA.
Si hasta ahora no se expresa la enorme fuerza social que representan los trabajadores de ingenios azucareros, cosecheros y trabajadores de empaques, choferes y trabajadores de la industria textil, la docencia y trabajadores de la salud, es por rol de las burocracias sindicales que el pasado 24E ni siquiera garantizaron el paro aislado convocado por las centrales sindicales. Esas burocracias están alineadas a los gobiernos provinciales.
Llamamos a tomar el paro del 9 de manera activa, impulsando asambleas en las facultades, escuelas y en los lugares de trabajo donde sea posible, exigiendo a los gremios y centros de Estudiantes que rompan la tregua y movilizándonos masivamente ese día en todas las plazas del país y cuando se trate la Ley de Bases en el Senado. Las centrales sindicales tienen que dejar de amagar y convocar a un verdadero plan de lucha, en la perspectiva de ir hacia una huelga general hasta tirar abajo todo el plan de ajuste de Milei y Caputo.
Los próximos sábados 11 y 18 de mayo en Jujuy, Salta y Tucumán realizaremos asambleas abiertas para impulsar el debate y la organización de las y los trabajadores, estudiantes y mujeres para coordinar desde abajo a los que salen a luchar contra la Ley bases y el ajuste de los gobiernos, pero también para discutir la necesidad de poner en pie un partido de trabajadores revolucionario que pelee contra el ajuste con un programa de salida esta crisis que no nos vuelva a llevar a la senda decadente a la que nos empujaron peronistas y radicales hasta ahora. Partiendo de medidas de emergencia como el aumento inmediato de salarios y jubilaciones al nivel de la canasta familiar, la reducción de la jornada laboral y reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados para terminar con la desocupación, impuestos progresivos a las grandes fortunas, la ruptura con el FMI y el desconocimiento de la deuda externa fraudulenta, y medidas más de fondo como la expropiación de grandes terratenientes y estatización bajo control de trabajadores y comunidades de las empresas mineras y agroindustriales para terminar con el saqueo de los bienes comunes naturales y la fuga de divisas, y avanzar hacia una planificación democrática y sustentable de la economía en función de las necesidades sociales de las amplias mayorías.