La Plata: nuevo juicio por crímenes cometidos durante la última dictadura

El pasado jueves comenzó un nuevo juicio oral y público por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención “Comisaría 5ta.” de la ciudad de La Plata durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso, integrantes del Tribunal Oral Federal 1 serán quienes tendrán a su cargo esta causa que se desprende de delitos que fueron mayormente juzgados en el juicio “Circuito Camps”.

De los cinco imputados, sólo tres llegan a juicio: el exteniente del Regimiento de Granaderos a Caballo José Ignacio Saravia Day, el ex médico policial Jorge Antonio Bergés y el expolicía Pedro Raúl Muñoz, acusados de crímenes contra más de 110 víctimas. Néstor Ramón Buzatto y Cecilio Reinaldo Gómez, exmiembros del Cuerpo de Infantería, fallecieron impunes.

En esta oportunidad se debatirá lo ocurrido con 112 personas privadas ilegalmente de su libertad y sometidas a todo tipo de vejámenes que pasaron por el centro clandestino de detención, ubicado en diagonal 74 entre 24 y 25 de La Plata; y la sustracción, retención y ocultamiento de menores que nacieron en cautiverio. También será objeto de debate el operativo de la calle 30 donde fueran asesinadas cinco personas y Clara Anahí, nieta de Chicha Mariani, fue robada.

Saravia Day, prófugo entre 2014 y 2017, será juzgado por el secuestro y torturas cometidas en 1976 contra los conscriptos José David Aleksoski (desaparecido), Cecilio Juan Ignacio Araujo y Roberto Campos.

El multicondenado Jorge Antonio Bergés deberá responder por el secuestro y torturas a Jorge Julio López, durante su permanencia en dicha dependencia policial.

Pedro Raúl Muñoz, quien se desempeñó como policía en la comisaría, fue uno de los represores identificados por López durante uno de sus valiosos testimonios. Sobre él recae la responsabilidad por la mayoría de los casos que serán revisados.

Tanto Saravia Day como Bergés gozan de prisión domiciliaria; Muñoz llega libre al juicio, por lo que al finalizar la audiencia la querella de Abuelas de Plaza de Mayo solicitó al Tribunal se dicte la prisión preventiva para el imputado; cuestión que será resuelta en la próxima jornada.

Menos de dos mil genocidas condenados

Según la actualización estadística que realiza de forma trimestral la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, al 3 de junio son 326 las sentencias dictadas por crímenes de lesa humanidad y apenas 1.187 las personas condenadas desde la reapertura de los procesos en 2006.

Un número irrisorio si tomamos como parámetro la existencia de al menos 800 centros clandestinos de detención y exterminio (CCDyE) en el país reconocidos por el Estado: apenas un poco más de 1 represor por CCDyE fue condenado, a 40 años de la caída de la dictadura. Por eso la exigencia de la apertura de todos los archivos de la dictadura, los de las fuerzas represivas como de sus cómplices civiles es una exigencia permanente.

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En este marco, continúan abiertas en etapa de instrucción 281 causas y otras 70 se encuentran a la espera del inicio del debate, mientras que en la actualidad se están celebrando 13 juicios orales y públicos en diferentes jurisdicciones del país. La oficina especializada del Ministerio Público Fiscal señaló además que actualmente existen 391 personas procesadas y 482 imputadas, 76 esperan la resolución de su situación procesal tras haber sido indagadas.

Mientras que hay 1.484 represores libres, apenas 642 permanecen detenidas. La mayor parte de las personas detenidas, 508 en total, corresponde a quienes cuentan con arresto domiciliario. Mientras tanto, 78 permanecen en establecimientos penitenciarios y 56 transitan la prisión en la denominada Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal, que funciona en Campo de Mayo. En tanto, otras 34 personas permanecen prófugas.

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El largo proceso de “impunidad biológica” para la gran mayoría de los genocidas y sus cómplices empresarios, de la burocracia sindical y de la Iglesia católica fue garantizado por los tres poderes del Estado desde 1983 hasta nuestros días. Todos los gobiernos que han pasado por la Casa Rosada han convalidado la impunidad de la que gozan los represores, siendo sostenedores del poder económico que gestó el genocidio y que mantiene continuidad hasta nuestros días con millones de personas en la pobreza, endeudamiento externo y violencia estatal.

Si llegamos a estos juicios fue por la lucha incansable de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos para mantener viva la memoria y el pedido de juicio y castigo. Frente a quienes levantan las banderas del negacionismo y afirman que la cifra de los 30.000 es un invento, la tarea que llevaron y aún llevan a cabo sobrevivientes y familiares sobre recolección de datos y lugares de tortura es una manifestación clara de la verdad: fue genocidio.