Los cinco detenidos del 12 de junio frente al Congreso cumplen más de 20 días de prisión en el penal federal de Ezeiza. 28 lograron la libertad por la falta de pruebas en su contra, y una campaña democrática que denunció esa represión tomó repercusión internacional.
Entrevistamos a Carlos Platkowsky, abogado dirigente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), sobre cómo continúan las causas judiciales y la respuesta de decenas de miles contra el intento del gobierno de Milei y Bullrich de instalar la represión y persecución a quienes salgan a reclamar por sus derechos. Este martes 2 de julio se realizará una nueva convocatoria en la Facultad de Cs. Sociales por los organismos y referentes de derechos humanos, junto a familiares de los detenidos, para continuar la campaña por la libertad de todos y el cierre de las causas.
Fernando Cristian Valiente, Facundo Ezequiel Gómez, David Sica y Roberto María de la Cruz Gómez fueron procesados por los increíbles delitos de “Intimidación Pública” y “Atentado contra la autoridad”, junto a Daniela Calarco Arredondo, que además está procesada por incendio y daños. Hace más 20 días que están privados de su libertad en el penal federal de Ezeiza. Daniela fue detenida por un policía varón de civil que la siguió, y sin identificación. Ahora desde el penal denunció extorsiones de la Policía y funcionarios para declararse culpable. “Por momentos nos desespera tanta incertidumbre, sin una razón real para que esto sea así y, encima, en una causa judicial que no tiene nada de legal” dijo Micaela, hermana de Facundo Gómez, a Daniel Satur, entrevistada por este medio.
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El elemento principal son las declaraciones de los policías que efectuaron las acusaciones. En el resto de los 28 detenidos y que Carlos Stornelli (fiscal federal actuante en la causa) quería mantener presos sólo había declaraciones de policías, que claramente no son imparciales, sino todo lo contrario. Ya hay videos que demuestran que las declaraciones en las actas y sumarios de la policía eran puros inventos, y que los manifestantes fueron detenidos al voleo en medio de una cacería comandada por Patricia Bullrich con la inestimable ayuda de la Policía de la Ciudad.
El nefasto rol del fiscal Carlos Stornelli es el de reproducir exactamente las acusaciones estrafalarias y ridículas del Gobierno de Milei, Patricia Bullrich y Adorni, a nivel de acusación desde el Ministerio Público Fiscal. Los delitos por los que acusa son todos los más graves que existen contra el orden público, van de atentado al orden constitucional, al orden público, daños, lesiones, estragos, incendio, atentado y resistencia a la autoridad, y pretende también lograr los agravantes de la ley antiterrorista, como si fueran cometidas por una organización criminal. Todo eso, solo basado en declaraciones truchas de policías e indicios dudosos obtenidos en pocas horas.
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Se logró la libertad de 28 personas por la falta de pruebas, y por el enorme impacto que tuvo la campaña nacional e internacional contra estas detenciones totalmente arbitrarias. La jueza federal Romilda Servini dictó la falta de mérito basándose en que: “a los imputados no se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa -máscaras, ondas, piedras, palos, etc.-”, que “no se contaba ni con las videofilmaciones, ni con los testimonios de los testigos presenciales”, situación que denominó “orfandad probatoria”.
La falta de mérito significa que la jueza no tiene elementos, por las pruebas en el expediente, para determinar que prima facie (en principio) sean culpables, pero tampoco está convencida de que sean inocentes. O sea, no tiene pruebas para procesar ni para sobreseer. Esto impide en lo inmediato que haya prisión preventiva, o incluso llevarlos a juicio, pero todos siguen a merced de que esta “justicia” pueda inventar nuevas pruebas para incriminarlos y juzgarlos, por eso es clave la lucha por el inmediato cierre de todas las causas.
Stornelli apeló la falta de mérito en varios casos, sumado a los cinco que siguen en prisión, refuerzan la necesidad de seguir la campaña por la libertad y el cierre de todas las causas.
En primer lugar es urgente lograr la libertad de los cinco que aún están detenidos, que siguen denunciando apremios dentro de prisión, y el cierre de todas las causas.
Es un ataque muy fuerte al derecho de cualquier persona a manifestarse, quieren dar un mensaje político. Por eso se logró una amplia e histórica campaña de firmas por la libertad y cierre de todas las causas, con más de 65 mil firmas que van desde Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel, al ex juez Baltasar Garzón, ex presidentes Rafael Correa y Evo Morales, y artistas como Pedro Almodóvar y entre otras reconocidas figuras. Y una importantísima movilización en la Plaza Mayo, donde participaron más de 20 diputados nacionales, entre otros. Esto derrotó el intento de instalar un Estado policial en la Argentina, pero el gobierno sigue con su acecho.
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El “Protocolo” de Bullrich es un intento por instalar la represión, la provocación y la lesión de manifestantes en todas las manifestaciones, de manera sistemática. Pero cuantos más sigamos en las calles, como fue la movilización en el paro del 24 de enero, el 8 y el 24 de marzo, o el 23 de abril mostrando la masividad de los reclamos, esa fuerza puede poner un límite para actuar. Hay que derrotar el “Protocolo”. Es fundamental defender el derecho de manifestarse, especialmente cuando implica poder defenderse de los ataques del gobierno a derechos históricos y los arrasa, como la reforma laboral que votaba el Congreso ese día, entre tantos de la “Ley Bases”, y el plan económico de conjunto de Milei. Aprovecho acá para llamar a todas y todos los que nos están leyendo a que se involucren en esta causa por la inmediata libertad de todos los presos políticos por luchar y el cierre total de las causas penales. Los invito este martes 2 de julio vamos a estar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a las 18hs, junto a todos los organismos de derechos humanos para continuar con la campaña.