El organismo de la OEA analiza reiteradas denuncias sobre las ilegalidades del Gobierno para perseguir, reprimir y torturar a manifestantes. Los hechos del miércoles, con 35 detenidos sin pruebas y 200 heridos frente al Congreso, son el punto más alto de un plan general aplicado desde el 10 de diciembre contra quienes enfrentan el ajuste y el saqueo de las riquezas sociales.
El jueves 11 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizará una audiencia virtual para escuchar las múltiples denuncias realizadas desde Argentina respecto a la represión y criminalización de la protesta social y la libertad de expresión ejecutadas desde diciembre por el gobierno de Javier Milei y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
La audiencia fue convocada por la CIDH a partir de reiteradas denuncias realizadas por organismos de derechos humanos y sindicatos argentinos, surgidas desde principios de año pero acentuadas en los últimos días a partir de la escalada represiva y judicial contra manifestantes que marcharon al Congreso para repudiar la aprobación de la regresiva Ley Bases.
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Las audiencias convocadas por la CIDH no son “vinculantes”, es decir que no tienen incidencia directa sobre la actuación de los Estados observados. Pero sí son instancias internacionales que valen por su peso político. Incluso pueden avanzar hasta convertise en casos tratados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí puede fallar contra los Estados con sentencias y exhortaciones.
En febrero hubo una primera presentación ante la CIDH, luego de que el Gobierno ejecutara una violentísima represión frente al Congreso en el marco de las protestas contra el primer tratamiento del proyecto de Ley Bases. En una denuncia conjunta, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDh), junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (Argra), alertaron a la CIDH sobre los rasgos “novedosos” de los operativos conducidos por Bullrich, que hirieron a manifestantes, periodistas y abogados.
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En aquella oportunidad se informó, entre otros, del caso del abogado del CeProDH Matías Aufieri, asesor de las bancas de diputados del Frente de Izquierda que estaba en la Plaza Congreso monitoreando casos de heridos y detenidos por las fuerzas represivas y fue atacado por la Policía Federal con balas de goma, uno de cuyos perdigones impactó en su ojo causándole graves consecuencias.
Los hechos del último miércoles, donde el Gobierno dio nuevos pasos en su plan represivo, que incluyeron la infiltración de provocadores, una cacería de personas en los alrededores del Congreso más ofensiva aún que en las anteriores movilizaciones y la apertura de una causa judicial en el fuero federal con acusaciones por delitos gravísimo rayanos con el “terrorismo”, motivaron una nueva denuncia ante la CIDH.
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“En este contexto de restricciones muy graves al derecho a la protesta, a la libertad personal y a las garantías judiciales hicimos una presentación a la Comisión Interamericana y a los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, al de libertad de opinión y expresión y a la relatoría especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos para que soliciten a las autoridades nacionales adoptar las medidas necesarias para garantizar la libertad de las personas detenidas. Así como solicitamos a la jueza Servini de Cubría que controle las detenciones y también dicte la libertad de todas las personas encarceladas”, informaron desde el CELS sobre la nueva denuncia realizada el viernes 14.
A mediados de abril esa organización junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y otras habían solicitado expresamente una audiencia con la CIDH ante la evidente escalada represiva motorizada por el gobierno de La Libertad Avanza. Finalmente la audiencia fue concedida para el próximo 11 de julio.
Tras los hechos del pasado miércoles se extendió por todo el país y también a nivel internacional el repudio a la represión y las detenciones (que incluyeron torturas) orquestadas por el Poder Ejecutivo con ayuda del Poder Judicial. En pocos días personalidades destacadas de los derechos humanos, la política y la cultura firmaron un petitorio que ya consechó más de 30.000 firmas.
En ese marco, en la mañana de este lunes se realiza una autoconvocatoria por el desprocesamiento y libertad inmediata a todas y todos los presos del miércoles. Es a las 11:30 en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), ubicada en Piedras 730 de la Ciudad de Buenos Aires.
