Guillermo Moreno: intervención, patotas armadas y manipulación estadística en el INDEC

El fiscal federal Diego Luciani pidió condenar a Guillermo Moreno (exfuncionario del kirchnerismo) a 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación a cargos públicos: por abuso de autoridad, falsedad ideológica de un instrumento público y destrucción de documentos oficiales. La causa está en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Ciudad de Buenos Aires. Al Poder Judicial -para nada independiente- lo mueven intereses políticos. Aún así, más allá del contenido del juicio y de la laboral de fiscales corruptos, las acusaciones a Moreno se enmarcan en hechos reales.

Se trata de la intervención que orquestó Guillermo Moreno, siendo Secretario de Comercio Interior (2007-2013), sobre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC); y que continuó hasta que terminara el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo fue falsear los datos de inflación del país y, consecuentemente, los índices de pobreza e indigencia. Para lograr la manipulación estadística, Moreno aportó un régimen con funcionarios, patotas y seguridad privada armadas, que buscaron someter a los trabajadores y trabajadoras del Instituto. La intervención duró casi una década, incluso luego de que Moreno fuera enviado a Roma como agregado comercial de la embajada argentina en Italia. Hacia el final de este proceso, estos índices directamente dejaron de publicarse.

Actualmente Guillermo Moreno busca mostrarse como un líder para reorganizar la interna peronista. Hace días, impulsó una reunión de la que participaron representantes de Axel Kicillof, de Sergio Massa, de la CGT, de Juan Grabios y hasta de Miguel Ángel Pichetto. Esto ocurrió luego de que varios diputados y senadores peronistas acompañaron total o parcialmente la Ley de Bases y el paquete fiscal: que entrega poderes, derechos, bienes comunes naturales y soberanía nacional. Pero de esta reunión, no trascendió ningún cuestionamiento, sino la voluntad de acercar posiciones incluso con quienes son tildados de “traidores”.

¿Borrada patriótica o manipulación estatística

Que el “INDEC miente”, era un secreto a voces durante el último año de gobierno de Néstor Kirchner y los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner.

Fue durante los años de crecimiento económico en base al boom argentino de las commodities y la soja; y también del pago de las fraudulentas deudas externas por parte de los gobiernos kirchneristas. Le llamaron la borrada patriótica, porque el kirchnerismo había atado las negociaciones de deuda a la inflación del país. “Somos pagadores seriales de deuda”, llegó a decir CFK, cuando los buitres pedían más desde los tribunales norteamericanos. De esta manera, se quiso hacer pasar como una actitud de soberanía nacional el sometimiento a las exigencias de pago de los organismos financieros internacionales, por deudas en buena parte contraídas bajo dictadura.

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Durante todo este período (2007-2015), se usaron los indicadores de otros organismos (públicos y muchos privados) para los cálculos de la economía. Por ejemplo: la paritaria que negociaban los sindicatos, no tomaba el dato oficial de inflación; pero el Presupuesto nacional, aprobado anualmente en el Congreso, se basaba en el dato falseado. Hacia el año 2014, con Axel Kicillof como ministro de Economía, el gobierno aplica una devaluación que impacta en el poder adquisitivo de las mayorías, y esto no se registra desde la estadística pública. Los índices públicos de desigualdad social, pobreza e indigencias, fueron falseados; para luego dejar de publicarse.

Fue la lucha de cientos trabajadoras y trabajadores dentro del Instituto, la que gritó a la sociedad la verdad de lo que ocurría con la estadística pública. Al calor de esta experiencia de organización y resistencia, profundamente democrática y participativa, se conquistó una nueva Junta Interna de delegados de ATE, con una lista de unidad que en sus inicios también contó con la participación de la agrupación Marrón. Ellas y ellos son quienes hoy pueden decir orgullosamente: No fuimos cómplices de la mentira.

Por su parte, la derecha buscó acicatear para sacar provecho político sobre la expuesta manipulación estadística del Gobierno. En particular la coalición Cambiemos, con la ayuda de sus medios de comunicación afines. Al iniciar el mandato de Mauricio Macri, se convocó al INDEC a directoras desplazadas durante la intervención a que “normalizaran” la situación; a la vez, se dio un golpe a los trabajadores, dejando miles de familias estatales en la calle.

Ahora es el Poder Judicial quien busca aprovecharse de la intervención organizada por Guillermo Moreno. Tanto Luciani, como el fiscal Carlos Stornelli, que investigó en primera instancia, son operadores políticos ligados a la derecha. Ambos intervinieron en la causas de corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gestión, donde no solo presentaron pruebas flojas de papeles, sino que, en el caso de Stornelli se lo acusó por extorsión y espionaje. A la par de sus propios negocios, hacen una instrumentación política de la Justicia.

¿Eso quiere decir que en el gobierno de CFK no hubo corrupción? ¿O que las acusaciones que pesan sobre Guillermo Moreno son falsas? Sobre lo primero, hasta la propia Cristina jamás pudo negarlo. Sobre lo segundo, la verdad hay que encontrarla no los alegatos de fiscales corruptos, sino en la voz de los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

No fuimos cómplices de la mentira

En el año 2014, la Junta Interna de ATE-INDEC publicó un libro donde recopila información detallada de cómo se llevó adelante la intervención del instituto y la manipulación estadística. Lo titularon “No somos cómplices de la mentira”. Hoy, tras ocho años donde se recuperó la fiabilidad técnica de la estadística pública, y tras haber resistido una década a la intervención del gobierno kirchnerista, pueden decir: No fuimos cómplices.

Enero del 2007. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, da la orden de desplazar a Graciela Bevacqua de la Dirección de Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, área donde se calcula la variación de precios y la inflación. En su lugar es designada Beatriz Paglieri, que respondía a las órdenes directas de Moreno y se presenta en el Instituto con custodia armada. Allí comienza la intervención.

El cálculo del IPC se realiza a puertas cerradas. Sin los técnicos afectados a la tarea y con fuertes presiones sobre los trabajadores involucrados en su elaboración. Se cambió gran parte del personal idóneo en la experiencia de años y se lo reemplazó por trabajadores disciplinados a la gestión de Moreno. Esto fue el inicio de un proceso que alteró la fiabilidad estadística durante casi 10 años.

La manipulación del IPC era directa y grosera. Por eso se decía que en el INDEC dibujaban los números. Por un lado, se violaba el secreto estadístico, yendo a los locales donde se relevaban las muestras. También se increpaba a los encuestadores que traían los precios reales de las cosas. Y, por último, se borraba la información y se la cambiaba por otra.

Desde el primer momento, se usó personal de seguridad armado en las oficinas para amedrentar a los trabajadores. A la par, se fue instalando un mecanismo de terror permanente, con patotas vinculadas a Guillermo Moreno y al oficialismo de UPCN.

Los despidos persecutorios a trabajadoras y trabajadores que no agachaban la cabeza, que se negaban a ser parte del fraude, fue otro de los métodos utilizados. Entre los casos más resonantes, están los de la delegada de ATE Marcela Almeida y la integrante de la agrupación Marrón Vanina Micello, que luego fueron reincorporadas por fallos de la justicia laboral. Vanina cuenta que: “Apenas declaramos, las autoridades se nos vienen encima y nos dejan sin tareas. A Marcela Almeida, que era monotributista, la tuvieron un año y medio sin cobrar“.

Como ellas, otros trabajadores y trabajadoras se plantaron a la intervención. No solo en el área del IPC, sino también en áreas como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), donde se mide la pobreza, la indigencia y otros indicadores sociales como la desigualdad.

Hoy vamos a borrar el precio del pan

“Un día decían: Hoy vamos a borrar el pan. Así, descaradamente. Porque era el pan del acuerdo de precios que había fijado Moreno a $2,50. La panadería hacía un kilo de pan a ese precio y el resto los vendía a $10. Entonces los encuestadores traían el pan a $10, y la gente que había puesto la intervención lo borraba y ponía $2,50″ -cuenta una trabajadora.

Lo mismo ocurría con el precio de la garrafa, del asado, y otros enmarcados en el acuerdo de precios de Guillermo Moreno. De esta manera, el gobierno usaba los datos falseados para mostrar como un éxito la intervención del Estado, mientras las grandes empresas mantenían intacto su poder como formadores de precios.

“Yo les decía: ¿Qué hacés? No se pueden cambiar los datos. Y me respondían: Cumplo ordenes”, relata. Las órdenes de Guillermo Moreno, un personaje que hoy quiere levantar cabeza entre la horfandad de líderes y proyectos políticos del peronismo. Trabajadores del IPC cuentan que además, le llevaba la información estadística a su oficina: “Sabíamos que salían de acá hacia Diagonal sur, donde estaba la secretaría de Comercio Interior”.

“Ellos decían que era la borrada patriótica. Pero era como tomarle la fiebre a alguien y decirle tenés 36° y en verdad tenía 40°. Porque en el país aumentaba la inflación y la pobreza, y el Gobierno así lo ocultaba. Mentían sobre la situación económica que iba empeorando” -relata otro trabajador.

Las distintas canastas de consumo alternadas, repercutían en los cálculos de pobreza, indigencia y desigualdad social, relevadas por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). “Empezaron a meter gente en todos lados, para tocar los demás indicadores. Era gente pesada, que venía armada”. Aún así, los trabajadores de la EPH resistían la intervención, pero los informes de prensa que ellos elaboraban eran desestimados por la Dirección del INDEC. Hasta los índices de desocupación oficiales presentaban irregularidades. El sistema estadístico en su conjunto se manipuló.

El amedrentamiento sobre los trabajadores y trabajadoras era cotidiano. Otra trabajadora que se resistió a ser cómplice de la mentira, cuenta la anécdota de que un día la fue a visitar un familiar al Instituto: “Nos subimos al ascensor y atrás se sube uno de la patota que lo pechea a mi primo, solo porque estaba conmigo”.

Las amenazas de muerte también eran moneda corriente. “Te los cruzabas por el pasillo y te decían que te iban a matar. A un compañero, lo tenían jurado con pasarle por arriba con una moto”. También hay testimonios de trabajadoras que recibían llamadas anónimas fuera del horario laboral.

No conformes con el estado de represión interna que ejercía la intervención, el Gobierno kirchnerista incluso llega a reprimir con Infantería de la Policía Federal, la instalación de una Carpa en Defensa de las Estadísticas Públicas, que había organizado los trabajadores como forma de resistencia, en agosto del 2007.

Estadística independiente

El recuerdo del paso de Guillermo Moreno, aún le eriza los pelos a muchos en del Instituto. Pero nunca lograron silenciar a los trabajadores y trabajadoras que, a lo largo de todo éste período impulsaron diversas medidas de lucha y visibilización; y continuaron elaborando una estadística independiente, al margen de los datos oficiales. En ese camino, tejieron lazos de solidaridad con otros sectores de trabajadores y también de organismos de derechos humanos. Con la participación destacada de Norita Cortiñas, cuyo hijo Gustavo, era trabajador del INDEC al momento de ser desaparecido por la dictadura cívico-militar.

Una vez más, al margen del tratamiento que hace la Justicia sobre este caso, la verdad la podemos encontrar entre los trabajadores y trabajadoras que no fueron cómplices de la mentira.