La gestión provincial continúa ignorando el necesario control de la oposición sobre los órganos de fiscalización, perpetuando la falta de transparencia.
La situación en Río Negro respecto a los órganos de control de la administración pública refleja una preocupante falta de transparencia que no puede ser ignorada. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, piezas clave para garantizar una supervisión efectiva de la gestión gubernamental, están completamente subordinadas al Ejecutivo, lo que limita cualquier posibilidad de fiscalización independiente y efectiva.
El hecho de que los órganos de control no estén en manos de la oposición es una clara señal de la poca predisposición del gobierno provincial para ser supervisado de manera objetiva. Esta dinámica no solo perpetúa la impunidad en casos de mala gestión, sino que también genera una sensación de desconexión total entre el gobierno y las demandas de la ciudadanía.
¿Fiscalización o complicidad?
La actual Defensoría del Pueblo ha demostrado ser incapaz de actuar con la contundencia necesaria para defender a la población, lo cual es especialmente evidente en la crisis tarifaria que afecta a miles de rionegrinos. Mientras las tarifas de electricidad se disparan y los ciudadanos se ven atrapados en interminables procesos judiciales que podrían tardar años, el órgano que debería protegerlos parece desinteresado en cumplir su rol.
Pero la falta de acción no se limita solo al tema tarifario. El escándalo de las estafas al Ipross, donde no se ha imputado a ningún responsable de la administración provincial, es un claro ejemplo de cómo el sistema de control actual es más una fachada que una verdadera herramienta de fiscalización. Las irregularidades se acumulan, y la falta de consecuencias solo agrava el problema.
Un gobierno sin contrapeso
El monopolio del control por parte del Ejecutivo provincial revela un patrón preocupante: el gobierno de Río Negro no quiere rendir cuentas ni someterse a un control efectivo. La falta de independencia en los órganos de fiscalización es una de las mayores amenazas a la transparencia y a la democracia en la provincia.
Mientras se desvían recursos que deberían estar destinados a la salud pública, como la cuestionada venta del avión sanitario, la administración sigue operando sin la más mínima fiscalización, dejando en claro que su objetivo no es el bienestar del pueblo, sino mantenerse fuera del alcance de cualquier control independiente.
En lugar de apostar por la transparencia y fortalecer las instituciones de control, el gobierno provincial continúa consolidando un sistema en el que no se cuestiona ni se supervisa su gestión, perpetuando así una cultura de impunidad.