Cruces en Diputados por la ilegalidad de la Ley Bases y Fiscal

A 6 meses del ingreso de la Ley Bases al Congreso, la Cámara de Diputados tiene en sus manos la posibilidad de darle las dos primeras leyes a Milei, con su sanción definitiva. Se estima que la votación se desarrolle a la media noche. Lo que se lleve hoy el gobierno va a estar cuestionado y posiblemente judicializado.

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Desde la bancada del Frente de Izquierda impugnaron todo el tratamiento y piden declararlo nulo. Nicolás del Caño dijo que es “uno de los mayores escándalos de corrupción que tuvo este Congreso en su historia”. Retomó lo que dijo uno de los diputados del bloque liderado Pichetto para ratificarlo: “Agost Carreño dijo que por suerte en esta Cámara no tuvieron que entregar embajadas y rotondas”. Así se refirió al intercambio de cargos por votos, para conseguir un agónico empate y que defina la vicepresidenta en el Senado. Los casos de Lucila Crexell, Edgardo Kueider y “Camau” Espínola estuvieron en el centro de estos escándalos. “Son votos comprados” insistió el diputado. Sobre las inconsistencias constitucionales, Del Caño explicó: “si el impuesto a las ganancias se hubiese enviado como una ley separada ya estaría rechazada”.

El problema se centró en el Artículo 81 de la Constitución Nacional, que fue materia de distintas interpretaciones en el recinto por cada sector. Allí se establece el procedimiento cuando no hay acuerdo entre las dos Cámaras en qué texto aprobar, como ocurre en esta oportunidad.

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Fueron tres ejes de discusión. Uno sobre el sistema bicameral (que necesita que las leyes se aprueben tanto por Diputados como por el Senado), otro sobre las características de las “leyes ómnibus” o “paquetes” como el fiscal que incluyen muchas leyes distintas en su interior, y otra sobre las atribuciones de la Cámara de Origen (en este caso Diputados) establecidas en el artículo 81.

Desde Unión por la Patria cuestionaron solamente la legitimidad del paquete fiscal, porque solo en ese caso el gobierno y los bloques colaboracionistas pretenden reponer la restitución de ganancias y la rebaja de bienes personales que el Senado rechazó en la votación en particular. Como en la Ley Bases el gobierno tuvo que resignarse porque no tenía los votos para insistir con el texto de la media sanción, el bloque peronista se focalizó solamente en la inconstitucionalidad del paquete fiscal.

La diputada Vanesa Siley de Unión por la Patria explicó que las leyes ómnibus siempre fueron planteadas por el poder ejecutivo. Citando a constitucionalistas dijo que “en su contenido deberían estar en leyes separadas. No es inconstitucional, pero sí desaconsejable”. Indicó que siendo rechazadas Ganancias y Bienes Personales por el Senado, Diputados no puede insistir. “En un régimen de bicameralidad, no existe el marco de este tratamiento parlamentario” en referencia a la insistencia del gobierno y los bloques caloboracionistas del paquete fiscal “versión Senado”.

Del otro lado de la biblioteca, la voz cantante y más acérrima defensora de la estrategia del gobierno de Milei, fue Silvia Lospennato del PRO. Sur argumentos se focalizaron en indicar que “cuando hay un desacuerdo parcial, se descarta la hipótesis del rechazo total (…) por lo que cualquier cambio de la Cámara Revisora se considera enmienda”. De esta forma buscó responder al problema de que el artículo 81 habla de “correcciones o adiciones” pero no “eliminaciones”. El argumento que nunca pudo contestar es que en una ley ómnibus o un paquete, son varias leyes que podrían estar separadas.

Otro de los argumentos de la diputada del PRO, es que en temas tributarios la Cámara de Diputados tiene la ultima palabra, así como el Senado tiene la última palabra en temas que hacen al sistema de coparticipación. Según este argumento, eso le daría una mayor potestad a la Cámara de Diputados, que fue la de origen, para tener la ultima palabra.

El diputado libertario José Luis Espert, intentó desarrollar antes los mismos argumentos de Lospennato, pero lo hizo leyendo textual cada palabra que tenía en sus papeles. Eso le valió la pregunta de algunos diputados sobre “quién le habrá escrito el texto” que leyó.

Lo que es seguro es que de aprobarse la restitución de ganancias (impuesto al salario), se va a judicializar y habrá infinidad de cautelares de trabajadores y trabajadoras marcando las irregularidades.

Al cierre de esta nota, la resituación de ganancias sigue siendo el punto que más expectativa genera porque el gobierno espera una votación muy ajustada.