Corrupción en el Senado: Ley Banelco y Ley de Bases

El jueves vuelve a tratarse en la cámara de Diputados, la bochornosa Ley de Bases que se aprobó en el Senado con al menos tres votos que el gobierno de Javier Milei compró a cambio de favores personales a legisladores.

Lucía Crexell, senadora por Nuequén, fue denunciada en Tribunales, ya que su voto a favor de la Ley coincide con el ofrecimiento del cargo de Embajadora de la UNESCO, por parte del Gobierno. El hecho fue reconocido hasta por Oscar Zago, diputado y exjefe del bloque de La Libertad Avanza: aunque lo describió como una negociación. Crexell jugaba dentro de la “oposición” al Gobierno, había votado contra el DNU 70/23 y apoyó la candidatura de Sergio Massa en el balotaje presidencial. El cargo diplomático, con un excelente pago y vivienda en París, fue suficiente para alinearse a los planes de ajuste y entrega de Javier Milei.

También los senadores peronistas Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), que llegaron a ocupar sus bancas dentro de la boleta del Frente de Todos, recibieron nombramientos por parte del Gobierno, a cambio de su voto a favor en la Ley de Bases. Para Kueider, Milei dio el control de Salto Grande a la provincia de Entre Ríos. Y para Espínola, un lugar en la Entidad Binacional Yacyretá.

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No es la primera vez que el Congreso de la Nación muestra la hilacha de ser una casta corrupta y antidemocrática, en la historia reciente. En el año 2000, el gobierno de Fernando De La Rúa compró los votos de senadores peronistas para aprobar una ley de flexibilización laboral que fue conocida como Ley Banelco. Así lo recordó el diputado nacional Christian Castillo, quien además denunció: “Todo aquel que dé quorum para la aprobación de la Ley de Bases, es cómplice de las prácticas corruptas de la compra de votos. Se está establecimiento que por un favor a un cargo personal acá se cambia el voto”.

Precedentes: ¿Qué fue la Ley Banelco?

En enero de 2000, el gobierno de la Alianza, con Fernando de La Rúa como presidente, envió al Congreso de la Nación un proyecto de reforma laboral, a medida de las patronales de la Unión Industrial Argentina (UIA). El proyecto, presentado por el entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique, volvía a modificar la Ley de Contrato de Trabajo y también la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo. Era una profundización de las leyes de flexibilización laboral de la década menemista que, en gran medida, continuaron vigentes gobierno tras gobierno.

Se la llamó Ley Banelco (por la tarjeta de débito), tras filtrarse que el Gobierno había comprado los votos de gran parte del peronismo, que eran la mayoría de la cámara de Senadores.

La ley, finalmente aprobada, significó, entre otras cosas:

• Extender el período de prueba a 6 meses, con opción de renovación. Ítem que vuelve a aparecer en la Ley de Bases.
• Atacar la cobertura de los convenios colectivos de trabajo conquistados previos a la dictadura, cuando no se llegara a un acuerdo (ultraactividad).
• Posibilidad de habilitar convenios por empresa, en lugar de por rama o actividad.
• Desfinanciación de la Seguridad social y aumento en la edad jubilatoria para las mujeres.

Fue el dirigente camionero Hugo Moyano, el primero que dio a conocer la corruptela que se transaba tras bambalinas, para la aprobación de esta ley que perjudicaba al pueblo trabajador, en beneficio de los empresarios nacionales y extranjeros. La anécdota es que Moyano, en aquel entonces líder del sector disidente de la CGT, reunido en Obras Sanitarias con el ministro Flamarique, le había advertido que esta reforma laboral no saldría en Senadores, porque el peronismo tenía la mayoría de la cámara. A lo que el ministro le contestó: “Para convencer a los senadores tenemos la Banelco“.

Solo cuatro senadores del PJ votaron en contra. Los demás votos fueron comprados.

Así se aprobó la vergonzosa reforma laboral. No sin una importante resistencia de los trabajadores y trabajadoras que, convocados por la CTA y la CGT disidente, soportaron una brutal represión durante una movilización nocturna. Por aquel entonces, al igual que hoy, Rodolfo Daer estaba al frente de la CGT oficial, y no hizo nada para impedir la entrega de derechos. Por otro lado, los líderes gremiales que sí denunciaron la corrupción y convocaron al rechazo de la votación, similar a como ocurre hoy, tampoco quisieron desplegar toda la fuerza de combate de los trabajadores, con un plan de lucha contundente, continuado y escalonado.

Otras similitudes entre ayer y hoy. Además de la compra de votos, varios senadores señalaron que no se tenía el texto completo de la ley que querían votar, hecho que también ocurrió en una parte del tratamiento de la Ley de Bases. Y también se denunció que se trataba de un articulado que pedía el Fondo Monetario Internacional (FMI); no hay remate.

Algunos personajes protagonistas de este suceso, todavía cumplen roles importantes en la actualidad. Dos en particular, tienen gran relevancia mediática. El senador Martín Lousteau que en aquel entonces y tras conocerse el escándalo, se sentó en la banca y dio quorum para tratar la ley. La misma actitud tomó en la cámara de Senadores, para que pudiera tratarse la Ley de Bases en esta instancia. Y la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que formaba parte del partido de gobierno y reemplazó a Flamarique tras ser expulsado de la cartera de Trabajo, por estar implicado en la compra de votos.

La Banelco se aprobó, pero significó una crisis política importantísima para el gobierno de De La Rúa. Renunció su vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, y allí comenzó un derrotero que, sumado a la crisis económica y las jornadas jornadas revolucionarias del 19 y 20 de diciembre, se llevaron puesto al gobierno de La Alianza.

Si la Ley de Bases se aprueba en el Senado -es decir, si quienes posan de opositores dan quorum para su tratamiento, a pesar de estar manchada de escándalos de corrupción, al igual que fue la Banelco-, desde luego no significará un triunfo político sin contradicciones para el gobierno de Javier Milei.

Por el contrario, entre su brutal ajuste al pueblo, la recesión económica, la creciente desocupación, y sus prácticas propias de casta que él mismo dijo que combatiría: la imagen y la legitimidad del Gobierno se va horadando. A pesar del favor que le hacen los distintos partidos del régimen y sus políticos sobornables, para sostener la gobernabilidad.