Era una de las “pruebas contundentes” con las que el Gobierno montó su relato sobre “terroristas” que intentaron un “golpe de Estado”. Cristian Valiente sigue preso junto a otras cuatro personas. El fiscal Stornelli le adjudicó portar una “granada”, que el imputado reconoció haber recogido de la calle. Fabricaciones Militares confirmó que se trataba de uno de los gases lanzados por las fuerzas federales.
El 18 de junio la jueza María Servini ordenó el procesamiento y la prisión preventiva de cinco de las personas detenidas seis días antes durante la votación de la Ley Bases en el Senado. A Daniela Calarco Arredondo, Facundo Gómez, David Sica, Roberto de la Cruz Gómez y Cristian Valiente la magistrada aceptó acusarlos de delitos como “intimidación pública”, “atentado contra la autoridad” y “daños”.
Servini rechazó los delirios del fiscal Carlos Stornelli que quería “empapelar” a 33 personas por atentar contra el “orden constitucional” y buscar “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. Por eso dictó la falta de mérito y excarcelación de 28 de los imputados. Pero, para no tirarles al fiscal y a la creadora de la causa, Patricia Bullrich, todo el expediente a la basura, a los cinco restantes les aplicó figuras penales menores aunque supuestamente suficientes para justificar sus preventivas.
Con el correr de los días fue quedando cada vez más al descubierto aquella bravuconada convertida en tuit de la Oficina del Presidente que, la misma tarde del miércoles 12 de junio, felicitaba a las fuerzas represivas “por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado”.
Los testimonios recogidos por La Izquierda Diario de familiares y conocidos de Daniela Calarco Arredondo y de Facundo Gómez (ver acá y acá), así como de abogados de quienes fueron liberados pero aún sus nombres figuran en el expediente, muestran el cúmulo de mentiras y falsificaciones oficiales echadas a correr con el único objetivo de justificar la represión brutal (que dejó cientos de heridos) y la posterior cacería de personas (incluyendo gente que no había movilizado al Congreso).
Y ahora se suma una nueva prueba del montaje del Gobierno, sus fuerzas represivas y parte del Poder Judicial contra personas inocentes. Se trata del caso de Cristian Valiente, quien al igual que otros cuatro imputados sigue preso en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza (dependiente del Ministerio de Seguridad). A él la jueza Servini lo acusa de “intimidación pública” y “atentado contra la autoridad”.
Las “pruebas” contra Valiente, un changarín de 41 años que ese día decidió salir a protestar contra la nefasta Ley Bases, son tan endebles como las que Servini valoró para la liberación de otros 28 imputados. Pero en su caso le agregaron como agravante la posesión en su poder de “una granada de mano de tipo disuasivo químico marca FM NNE 138O-29-627-1589 FMK: 5 MOD 1” cuyo vencimiento para su uso era “julio de 2022”. Así lo escribió la Policía Federal en el acta de detención de Valiente, ocurrida en las inmediaciones de Avenida de Mayo y Santiago del Estero.
Hay que recordar que durante las horas de represión en las inmediaciones del Congreso, desde los medios amigos y propagandistas de La Libertad Avanza se agitó el caso de Valiente para “demostrar” que el Gobierno no mentía sobre el “golpismo” en curso.
Valiente reconoció haber tenido esa “granada” en su poder al momento de ser detenido. Pero aclaró que no fue a la movilización con ella sino que la encontró en el piso en medio de la represión. Él había ido a protestar pacíficamente, pero la represión le pareció tan brutal que, probablemente, alzó ese proyectil para quedárselo como “recuerdo” de semejante violencia del Estado. Lo que no imaginaba era que lo iban a terminar acusando a él de querer atentar contra el Estado con ese tubo de gas como arma.
Momento en que la Policía Federal desparrama balas y gases por las inmediaciones del Congreso
En su declaración indagatoria, tras ser detenido, Valiente contó que, además del móvil de Cadena 3 incendiado pudo ver en la calle infinidad de “municiones de escopeta” y “gases tirados por la Policía”. Que vio un aerosol “con escrituras de gas pimienta e inscripciones del Ministerio de Seguridad, número de serie y fecha de vencimiento de 2022” y que lo levantó, creyendo que estaba vacío, “para mostrar a algún canal de televisión los objetos con los que la Policía había reprimido”.
El trabajador contó que cuando se había decidido a volver a su casa (vive a pocas cuadras de allí) se asustó por la avanzada a los tiros de la División Motos de la Federal. Corrió como pudo, recibió varios impactos de perdigones de goma y finalmente fue alcanzado y detenido. Lo tiraron al piso, lo golpearon, le pusieron una rodilla en la cabeza y le ataron las manos con un precinto plástico. Al juntarlo con otros detenidos, le sacaron del bolsillo el tubo de gas.
“Dijeron que era una bomba y llamaron a gente de explosivos. Dijeron que el aerosol estaba con carga y que no se había utilizado. Yo les dije que nada que ver, que lo había encontrado en la calle y que lo agarré para mostrarle a los medios”, dijo Valiente en su descargo. Denunció que “la Policía salió a cazar personas” y que no puede creer que ahora le digan “terrorista”.
La jueza Servini convalidó la ocurrente acusación que el fiscal Stornelli hizo sobre Valiente. En su fallo de procesamiento y prisión preventiva dijo que estaría probado que el hombre “fue parte integrante y protagónica del conjunto de manifestantes que agredieron al personal policial que resguardaba el Congreso”. Pero los únicos “delitos” que se le probaron fueron levantar un proyectil del piso y escapar de la rabiosa balacera.
Ante los requerimientos de las defensas de los imputados para demostrar el armado de la causa, se le pidió a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado que confirme o desmienta si la supuesta “granada” o “bomba” que tenía Valiente en su poder pertenece a las fuerzas federales que actúan al mando de Bullrich. Finalmente este miércoles se incorporó al expediente la prueba de que, efectivamente, ese elemento fue llevado a la Plaza Congreso por las propias tropas estatales.
La granada de gas levantada del piso por Cristian Valiente | Foto Policía de la Ciudad
Con la firma de Ricardo Mostafa, jefe de Departamento de Asuntos Judiciales de Fabricaciones Militares, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 1, que conduce Servini, recibió la documentación que desmiente a Bullrich y sus secuaces. La granada secuestrada a Valiente integra un lote que, en su totalidad, fue adquirido por el Ministerio de Seguridad en 2018.
“Atento a lo solicitado se hace saber que la Dirección de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán informó que la totalidad del lote 07/18, correspondiente a granadas de mano de Hostigamiento CD CN, fue adquirido por el Ministerio de Seguridad de la Nación”, dice el funcionario. Y acompaña el texto con copia de los remitos de entrega de ese material.
Entre julio y septiembre de 2018 el Ministerio, en ese entonces también manejado por Bullrich, recibió al menos 1.950 de esas granadas. Unas 650 fueron para la Policía Federal, 800 para la Gendarmería y 500 para la Prefectura. Probablemente todas con fecha de vencimiento 2022, es decir que están vencidas.
Causa #12deJunio: cada día se desmorona un poco más. Fabricaciones Militares informó que el lote al que pertenece la “granada” de gas lacrimógeno que supuestamente le encontraron a un manifestante, se la entregaron al Ministerio de Seguridad, lo cual avala la versión de la…
Según diversos especialistas, el uso de ese material después de su fecha de vencimiento puede causar daños peores a los que de por sí causa cuando se usa “correctamente”. ¿Cuánto de ese gas vencido y peligroso para la salud fue lanzado por la Federal, la Prefectura y la Gendarmería el 12 de junio? ¿Citará Servini a Bullrich para que, además de responder esta pregunta, explique en qué se basó para decir que Valiente podría haber llevado esa “bomba” a la Plaza para “atentar” contra la “democracia”? Debería hacerlo.
Por lo pronto, lo que debería hacer la jueza es reconocer que, pese a haber liberado ya a 28 de los 33 detenidos originalmente, ella también forma parte del circo judicial que mantiene a Valiente y otros cuatro inocentes presos. La semana que viene será la Cámara Federal de Apelaciones la que deba expedirse sobre los pedidos de sobreseimiento y excarcelación presentados por las defensas de Valiente, Calarco Arredondo, Gómez, Sica y De la Cruz Gómez.
Este jueves, en la tradicional Ronda de la Madres de Plaza de Mayo se volverá a exigir la libertad inmediata de todos los presos y el cierre definitivo de ese mamarracho jurídico armado por Bullrich y Stornelli, convalidado en parte por Servini. El reclamo debe hacerse cada vez más fuerte.
