Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes previamente revocaron procesamientos en casos de espionaje, han declarado la nulidad de procesamientos en la causa de «Gestapo antisindical». La causa involucra la inteligencia ilegal realizada sobre el líder sindical Juan Pablo Medina y revela la colaboración entre funcionarios macristas y espías para armar causas contra dirigentes gremiales.
En el caso conocido como «Gestapo antisindical», jueces de la Cámara Federal, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, han decidido anular los procesamientos previos relacionados con la inteligencia ilegal realizada sobre Juan Pablo Medina, exlíder del gremio UOCRA La Plata. Esta causa reveló cómo funcionarios del gobierno de Macri y agentes de la AFI llevaron a cabo actividades de inteligencia sin orden judicial, para luego usar la información recopilada en causas judiciales dirigidas a perseguir a dirigentes sindicales. El juez Eduardo Farah emitió un voto en disidencia.
El escándalo se originó a partir de un video encontrado en la Agencia Federal de Inteligencia, en el que funcionarios gubernamentales, exagentes de la AFI y empresarios discutían la persecución de sindicalistas. En la reunión, el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, afirmó que si pudiera tener una «Gestapo» para terminar con todos los gremios, lo haría. La causa se centró en la inteligencia realizada sobre Juan Pablo Medina y su posterior detención.
Sin embargo, en la resolución actual, los jueces Llorens y Bertuzzi cuestionan la ilegalidad de la inteligencia realizada sobre Medina y sugieren que las acciones podrían considerarse justificadas dentro de la categoría de «inteligencia criminal», especialmente cuando se trata de delitos complejos relacionados con el crimen organizado. Argumentan que no toda actividad de inteligencia fuera del control orgánico y tamizada por la ley se clasifica como «espionaje».
Los jueces Llorens y Bertuzzi también ponen en duda las conclusiones del juez original, Ernesto Kreplak, argumentando que no se consideró adecuadamente el contexto de denuncias de empresarios y trabajadores contra la UOCRA ni se analizó el estado de la instancia administrativa interna en la AFI relacionada con el video de la reunión.
Por otro lado, el juez Eduardo Farah, en desacuerdo con la mayoría, sostiene que la investigación demostró actos deliberados e intencionales de inteligencia ilegal, realizados sin orden judicial, y que la causa tenía méritos para avanzar. Farah también indica que los funcionarios no llevaron las denuncias por la vía legal, convirtiendo la investigación en algo inaceptable desde el punto de vista constitucional.
Esta resolución ha generado controversia, ya que parece contradecir investigaciones previas que señalaron la existencia de un sistema de espionaje extendido durante el gobierno de Macri, que afectó a diversos actores políticos, sociales y sindicales. La decisión también plantea preguntas sobre la rendición de cuentas y la transparencia en los procedimientos de inteligencia y justicia en Argentina.