Un análisis crítico sobre las implicaciones de la suspensión del ciberpatrullaje y la necesidad de investigar más allá de un empleado judicial
Recientemente, se ha dado a conocer el hecho de que desde la Fiscalía se realizaba con habitualidad una actividad conocida como ciberpatrullaje que es en definitiva solicitar a las compañías telefónicas acceso a información de geolocalización, como así también el listado de llamadas entrantes y salientes. El problema, es que la modalidad en cuestión resulta ser una intromisión que no cuenta con los mínimos requisitos constitucionales y por tanto resulta ilegal. Lo cuál en definitiva es un escándalo, teniendo en cuenta que el Ministerio Público es el custodio de la Constitución y su orden.
El descubrimiento de la práctica mencionada y el cese de la misma por parte Fiscalías de Cipolletti, resulta per sé, un importante paso en la protección de los derechos individuales y la privacidad de las personas. Sin embargo, es crucial abordar la preocupante implicación subyacente: la práctica habitual de obtención ilegal de pruebas por parte de la Fiscalía y la llamativa falta de enfoque por parte del Diario Río Negro en los máximos responsables dentro del organismo.
Llama poderosamente la atención que ante tamaña revelación, en forma insistente en la publicación del Diario Río Negro, se cargan las tintas contra un empleado judicial como responsable del ciberpatrullaje, omitiendo abordar la responsabilidad de los máximas autoridades dentro del organismo a quienes ni se. les nombra. La implementación de prácticas ilegales generalizadas no podría haber ocurrido sin la complicidad o negligencia de aquellos encargados de garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de las personas.
De más está decir que dicha práctica constituye un delito. Es crucial que las autoridades competentes realicen una investigación rigurosa y exhaustiva para identificar las prácticas ilegales, determinar las responsabilidades y tomar las medidas necesarias para prevenir su repetición en el futuro. Solo así se podrá restaurar la confianza en el sistema de justicia y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.