La serie de casos criminales sin resolver pone en evidencia la falta de voluntad y las deficiencias en las investigaciones, mientras la comunidad demanda una reforma judicial con perspectiva de género.
El crimen de Agustina continúa resonando en la sociedad de Cipolletti, y aunque la detención de Pablo Parra, a la espera del juicio, puede parecer una luz al final del túnel, persisten preocupaciones basadas en la acumulación de femicidios sin resolver por parte de la Justicia local. Hasta la fecha, se cuentan un total de 13 casos sin una resolución clara, lo que ha generado desconfianza y temor en la comunidad de que el caso de Agustina también quede impune debido a investigaciones deficientes.
Cipolletti, una ciudad que debería ser sinónimo de tranquilidad y seguridad, se encuentra sumida en una serie espeluznante de casos criminales donde las víctimas son mujeres. Lo más alarmante es que prácticamente todos estos casos siguen sin resolverse, dejando una deuda tremenda por parte de la Justicia y la Policía con la comunidad.
Las investigaciones deficientes o nulas han sido una constante en estos casos, lo que refleja la inoperancia y las innumerables dificultades que ha enfrentado el Poder Judicial para intervenir en estas situaciones. Esta realidad evidencia la carencia de instrumentos y la falta de voluntad para abordar y dar solución a las demandas de la sociedad.
Un claro ejemplo de esta problemática es la nula comunicación que el sistema penal ha mantenido durante más de una década con los familiares de las víctimas del segundo triple crimen. Esta falta de diálogo y apoyo ha dejado a los seres queridos en una situación de desamparo y desesperación, sin obtener respuestas ni avances en las investigaciones.
Ante esta situación, es imperativo exigir una reforma judicial que considere tanto su composición en términos de género como su distribución y recursos. La necesidad de una justicia equitativa y efectiva se vuelve aún más apremiante en casos de femicidios y violencia de género. Es fundamental que las políticas públicas y el sistema judicial trabajen de manera conjunta, implementando mayores y mejores recursos financieros, humanos y técnicos con una perspectiva de género.
Es importante alejarse de visiones punitivistas y vaciadoras del Estado que buscan simplemente llenar las cárceles de personas en situación de vulnerabilidad. La solución a este tipo de problemas radica en la inclusión social, en la garantía de derechos humanos y en la implementación de políticas públicas que aborden de manera integral la problemática de género.
La impunidad de los femicidios en Cipolletti es una realidad que no podemos ignorar. Cada caso sin resolver representa una vida perdida y una familia destrozada. Es hora de que las autoridades tomen medidas contundentes, intensifiquen las investigaciones y brinden respuestas a las víctimas y sus familias.
La comunidad cipoleña se une en su clamor por justicia y exige un sistema judicial que refleje los valores de igualdad y equidad. La reforma judicial con perspectiva de género se convierte en una demanda ineludible para asegurar que todas las personas, sin importar su género, reciban la protección y el respaldo necesario para vivir en una sociedad segura y libre de violencia.
Es momento de poner fin a la impunidad, de priorizar la inclusión y de construir un sistema de justicia que esté a la altura de las necesidades y demandas de nuestra sociedad. Solo así podremos avanzar hacia un futuro donde los femicidios sean cosa del pasado y donde todas las mujeres puedan vivir libres y sin temor.
La urgencia de transformar la perspectiva de género en una realidad palpable
Más allá de las declaraciones, es necesario que las instituciones actúen con determinación para garantizar una verdadera perspectiva de género en la investigación y la justicia.
En el contexto de los femicidios impunes en Cipolletti, surge una demanda ineludible: la transformación de la perspectiva de género en una realidad palpable en las instituciones encargadas de la investigación y la justicia. No basta con la creación de órganos vacíos que solo buscan cumplir con estándares internacionales; se requiere una verdadera acción que vaya más allá de las frases altisonantes.
La invocación de la perspectiva de género no puede limitarse a meras palabras. Es imperativo que se convierta en una práctica efectiva y concreta en todos los niveles de las instituciones involucradas. La perspectiva de género debe estar arraigada en los procedimientos, las políticas y las prácticas diarias, y debe guiar las acciones de los funcionarios en cada etapa del proceso.
La implementación de una perspectiva de género real implica reconocer y abordar las desigualdades estructurales y los estereotipos de género arraigados en la sociedad. Requiere un cambio profundo en la forma en que se investigan los crímenes, se recopilan las pruebas y se administra la justicia. La sensibilización y la capacitación son fundamentales para que los funcionarios comprendan la complejidad de la violencia de género y puedan aplicar medidas adecuadas.
No se puede permitir que la perspectiva de género sea solo un requisito formal o una estrategia superficial para mostrar compromiso. Debe ser una realidad tangible y una fuerza impulsora en la lucha contra la impunidad en los casos de femicidio. Solo a través de una transformación genuina de las instituciones, acompañada de recursos adecuados y voluntad política, se logrará el cambio necesario.
La comunidad de Cipolletti exige que la perspectiva de género se convierta en un hecho, en una respuesta efectiva y justa para las víctimas y sus familias. Ya no podemos tolerar la inacción ni las promesas vacías. Es hora de que las instituciones actúen con determinación y cumplan con su responsabilidad de brindar una verdadera justicia con perspectiva de género.
La transformación requerida no será fácil ni rápida, pero es esencial para construir una sociedad libre de violencia de género. Es momento de pasar de las palabras a la acción y garantizar que la perspectiva de género se torne real en cada aspecto de la investigación y la justicia. Solo así podremos avanzar hacia un futuro donde los femicidios sean cosa del pasado y donde todas las personas, sin importar su género, vivan en igualdad y con pleno respeto a sus derechos.
La amarga lista de Femicidios Impunes en la Cuarta Circunscripción Judicial
- El 31 de diciembre de 1994, Daniela Calfupán salió de su casa en busca de una amiga. El 2 de enero de 1995 su cuerpo fue hallado por una vecina. Estaba en un desagüe cerca de su casa con un disparo en el abdomen. Tres individuos fueron procesados pero por falta de pruebas fueron absueltos tiempo después. Daniela, tenía 14 años.
- El 26 de junio de 1993 Yanet Opazo y Claudina Kilapi paseaban en bicicleta por el barrio Labraña cuando un sujeto les disparó. Yanet murió en el acto y Claudina recibió un disparo en el cuello que dejó heridas que la acompañan desde entonces. Cinco años más tarde fue el propio Kielmasz (único condenado por el 1er triple crimen) quién aportó el dato que lo vinculó a éste crimen. Sin embargo las contradicciones de las pericias las que determinan, primero a la Cámara, anular el procesamiento y después al propio juez a dictar el sobreseimiento de Kielmasz. Aún cuando después se supo que en efecto el arma utilizada para ultimar a las víctimas del 1er triple crimen fue la misma que se usó con Yanet y Claudina, no pudo ser juzgado nuevamente. Yanet, tenía 29 años.
- El 9 de noviembre de 1997 María Emilia González, su hermana Paula y su amiga Verónica Villar salieron a caminar y no regresaron. Su familia recurrió a la policía y la respuesta los dejó helados “vengan dentro de 48 hs. y recién ahí les podemos tomar la denuncia”. La ciudad entera se movilizó y emprendió la búsqueda. A la policía no le quedó otra que tomar cartas en el asunto. Un vecino encontró los cuerpos de las chicas semienterrados a menos de 200 mts. de la intersección de San Luis y Circunvalación. Habían sido brutalmente asesinadas. Sólo hay un condenado, Claudio Kielmasz pero de la investigación se supo que debió actuar con la ayuda de otros cómplices cuyas identidades no se pudo precisar. María Emilia tenía 24 años, estudiaba y era mamá de una nena de 3 años. Paula, estaba terminando el secundario, tenía 17 años. Verónica, con 22 años estudiaba Agronomía.
- El 17 de septiembre de 1999 la Bioquímica Ana Zerdán, fue asesinada dentro de las instalaciones de su laboratorio sito en calle San Martín a metros de la intersección con Brentana. Su cuerpo presentaba severos traumatismos en la cabeza. Según se determinó, fue asesinada a golpes con un tubo de oxígeno. Fueron procesados por el crimen su marido y su hijastro, pero producto de las contradicciones periciales fueron absueltos.
- El 14 de agosto de 2001, Pablo Scilipoti notó que era muy tarde y fue en busca de su esposa, la Kinesiologa Diana del Frari. Llegó hasta el consultorio ubicado en 9 de julio y libertad y se encontró ante un panorama terrorífico. Diana yacía sin señales de haber recibido golpes en el rostro. El crimen a la fecha está impune. Era madre de 4 hijos.
- El 19 de diciembre de 2001 Elvira Avaca estaba junto a su hija cuando en el marco de una brutal represión que las fuerzas policiales efectuaron a lo largo y ancho del país, recibió un disparo policial por la espalda. La investigación jamás prosperó y el crimen sigue impune.
- El 23 de mayo de 2002 el centro de Cipolletti se sacudió con uno de los episodios más sangrientos de su historia. Tres mujeres murieron brutalmente asesinadas, una sobrevivió, otra salvó su vida de milagro y los asesinos escaparon por las calles de una ciudad que hoy están llenas de impunidad. Carmen Marcovecchio, Mónica García y Alejandra Carbajales murieron esa noche. El o los asesinos las apuñalaron, a una le dieron un disparo, a todas las rociaron con ácido acético y las ataron de pies y manos en la casa de la esquina de 25 de Mayo y Roca donde funcionaba un laboratorio de análisis clínicos. A Ketty Karavatic, una mujer de 70 años que entró a la escena del crimen cuando ya se había consumado, no murió porque los criminales sospechaban que ya la habían ultimado. Vivió 17 años, con secuelas físicas y psicológicas tremendas, pero no declaró en ninguno de los dos juicios que se le hicieron a David Sandoval. Fue condenado pero la Corte Suprema revocó la sentencia.
- El 23 de octubre de 2006 Otoño Uriarte es secuestrada cuando volvía a su casa en Fernández Oro. La causa por su desaparición llegó a tener hasta 6 imputados. La investigación permitió advertir un oscuro vínculo entre la policía rionegrina y redes de trata de personas, pero llamativamente sobre eso nada mas se investigó. Llamativamente porque todos los funcionarios públicos que tomaron conocimiento de ello están obligados a investigar o mínimamente a denunciar. No obstante ello, su cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado meses más tarde en un canal de riego. Nada sucedió con la investigación que quedó paralizada por la ausencia de pistas y la pérdida de tiempo. Otoño tenía 16 años.
- El 24 de septiembre de 2012 Estela Morales de 54 años estaba junto a su padre Vicente en su casa cuando fueron atacados con un hacha. Los cuerpos agonizantes fueron encontrados por la hija de Estela que de inmediato llamó a los servicios médicos. Fallecieron luego producto de las severas heridas que tenían en sus cabezas. La investigación no arrojó ningún dato preciso y el crimen continúa impune.
- El 2 de abril de 2015 fue el último día en que los padres de Micaela Schwarz tuvieron noticias de ella. Había llamado a su madre para decirle que se había separado de su pareja con quién tenía una tormentosa relación. Una semana mas tarde su cuerpo sin vida fue hallado en un desagüe. La autopsia reveló que le habían suministrado estupefacientes. Su teléfono fue hallado por un vecino a cinco cuadras de donde estaba su cuerpo. La investigación no arrojó ningún resultado. Micaela tenía 26 años.
- La mañana del 16 de enero de 2016 Emilia Vera salió de su casa en el barrio Del Trabajo a bordo de una bicicleta playera color violeta con canasta y nunca más se supo de ella. Sus prendas fueron halladas 80 días después de su desaparición a orillas del Río Limay en la zona de Senillosa. Tenía 31 años y un hijo que aún la espera. La investigación no arrojó resultado alguno.
- El 26 de enero de 2018 en circunstancias poco claras fue hallado en su casa de Fernández Oro el cuerpo de la Médica Marta Marrero con indicios de haber sido asesinada brutalmente. La investigación pobrísima no arrojó resultado alguno y el crímen sigue sin ser resuelto.
- Durante el tiempo que estuvieron juntos, fueron reiterados episodios de violencia de género que Bruno Marín ejerció contra Maira Castillo. Ella logró escaparse de Bruno quien minutos antes la golpeó y la asfixió. Llegó corriendo hasta la casa de una amiga, con varias marcas del maltrato y muy angustiada. Horas mas tarde no aguantó más y el 17 de julio de 2020 se quitó la vida. Para el Tribunal las evidencias no fueron suficientes para determinar que Marín persuadió a Maira para que se suicidara. Tenía 32 años y era madre de dos hijos.