Decisión del Superior Tribunal de Justicia Refuerza Competencias de Control Bromatológico
El municipio de Roca se encuentra en medio de una decisión judicial trascendental, ya que el Superior Tribunal de Justicia ha declarado inconstitucional una parte de la Ordenanza Tarifaria local que permitía la imposición de una tasa por «abasto y/o inspección veterinaria» a camiones que transportaban productos alimenticios. El tribunal ha opinado que la facultad de control de la calidad de la mercadería en tránsito ya está delegada al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La parte de la Ordenanza en cuestión establecía un puesto de control en el acceso a la ciudad, donde se cobraba una tasa a los camiones que ingresaban con productos alimenticios. Sin embargo, la sentencia sostiene que este tipo de control en la ruta equivale a una «aduana interior» y una «duplicación» de funciones que invade la competencia nacional y, por lo tanto, resulta inconstitucional. El municipio retiene la autoridad para ejercer control sobre la mercadería en los puntos de venta al público.
La demanda que desencadenó esta decisión fue presentada por empresas distribuidoras de alimentos. Estas empresas argumentaron que los productos que transportan ya están sometidos a verificaciones de autoridades competentes según el Código Alimentario Argentino, que cuentan con amparo sanitario federal otorgado por Senasa y que tienen certificaciones de Buenas Prácticas de Manufacturas de IRAM.
El municipio, por su parte, argumentó que la seguridad e higiene son cuestiones que recaen bajo su jurisdicción y que poseen poder de policía para regular estos aspectos. Aseguraron que la tasa se aplicaba únicamente a los productos destinados a distribución y consumo dentro de los límites municipales y no a los que tenían como destino otras ciudades.
Esta resolución judicial no solo clarifica la competencia en términos de control bromatológico, sino que también refuerza los límites de la autoridad municipal en relación con las cuestiones alimentarias y sanitarias. La decisión se basa en fallos previos de la Corte Suprema de Justicia, lo que le confiere un peso legal significativo y establece un precedente para futuros casos similares en otras jurisdicciones.