El triunfo parcial con la Ley Bases evita la catástrofe que implicaba una derrota parlamentaria. Las contradicciones económicas preexistentes no se resuelven. La conferencia de Caputo. Tensión con el FMI.
La aprobación de la LB implicó un triunfo parcial del gobierno que evita coyunturalmente la catástrofe que hubiera significado una derrota parlamentaria.
Sin embargo, se venían acumulando condiciones económicas críticas que la aprobación de la LB no resuelven: presiones devaluatorias donde convergen el campo (que quiere aumentar sus ingresos recortados por las retenciones y el atraso cambiario), el FMI (que quiere que el BCRA acumule reservas y pague la deuda) y el escenario internacional (devaluación en Brasil), recesión muy profunda que no encuentra reversión (-5,1% cae el PBI en el primer trimestre) con bajas más fuertes en la industria, la construcción y el sector PyMES, crecimiento del endeudamiento del Tesoro que absorbe la deuda del Banco Central generando inestabilidad a mediano plazo en el sistema bancario, crecimiento muy fuerte de la pobreza (que llega al 55% de la población), del desempleo y la desigualdad.
El gobierno busca un nuevo préstamo del FMI que le permita tener algo más de margen para administrar el ajuste. Las provincias están sometidas a un ajuste que sigue siendo fuertísimo en cuanto a los ingresos nacionales, aunque el restablecimiento del impuesto a los salarios altos ahora les puede traer un respiro parcial.
El gobierno de Javier Milei, luego de siete meses de su asunción, logró la aprobación de sus primeras leyes. La aprobación de la Ley Bases (LB) y el Paquete Fiscal implicó un triunfo parcial que evita coyunturalmente la catástrofe que hubiera significado una derrota parlamentaria.
La LB en general, y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en particular, pueden implicar inversiones en algunos sectores específicos vinculados al extractivismo y de baja creación de empleos (Vaca Muerta y minería, etc.), pero no se puede esperar un despliegue generalizado de inversiones que permitan sacar a la economía del estancamiento en que se encuentra al menos desde el año 2012/2013.
Aunque hay unidad burguesa en aprovechar todos los beneficios que estas leyes implican (reforma laboral, baja de impuestos, facultades delegadas), el RIGI generó controversias con la Unión Industrial Argentina (UIA) y otros sectores empresariales que ven la posibilidad de un avance del capital extranjero que no comparta los beneficios con el capital que ya opera en la Argentina.
Las provincias tienen sus crisis presupuestarias particulares, dada la motosierra y licuadora que viene aplicando el gobierno, aunque en general venían con finanzas relativamente sanas. Esto ha llevado a una situación “noventista” de creación de “cuasimonedas” como el “Chacho” que emitió la provincia de La Rioja. La reintroducción del Impuesto a las Ganancias con el Paquete Fiscal, que es coparticipable, puede significar un cierto alivio, pero no resuelve el problema estructural que tienen las provincias deficitarias. Podemos asistir a crisis provinciales, como la que vimos en Misiones.
En la segunda semana de junio, junto con la aprobación en el Senado de la LB, el gobierno enhebró la “ayuda” de China, que renegoció el “swap” (intercambio de monedas) bajo presión del propio FMI, la aprobación de la octava revisión del acuerdo con Fondo y la publicación de la inflación del mes de mayo que registró una desaceleración al 4,2 % desde el 25,5 % que se había registrado en diciembre. Las semanas anteriores habían sido más críticas para el gobierno con nuevas subas de los dólares paralelos y escándalos políticos como el de Sandra Pettovello reteniendo comida para el pueblo pobre y saltando casos de “corrupción” en el Ministerio (los “rugbiers ñoquis”). El primer semestre parecía cerrar con “buenas noticias”. Pero el “veranito” se puede esfumar rápidamente, al menos en el terreno económico.
Tensión con el FMI, con los “mercados” y con los agroexportadores
El “staff report” que publicó el FMI exhibió una crisis importante entre el gobierno y el organismo: realiza un diagnóstico muy duro y varias exigencias. La más importante es el cuestionamiento del aumento del dólar oficial a un ritmo del 2 % mensual, la devaluación administrada que hace el gobierno (llamada “crawling peg”). El atraso cambiario en curso tiene como resultado probable una erosión del superávit comercial, lo que se puede profundizar con la devaluación del real que está haciendo Brasil, uno de los principales socios comerciales de Argentina.
Si se deteriora el superávit comercial, la acumulación de reservas que tuvo lugar hasta hace poco se puede detener o incluso retroceder. En junio, aunque mínimamente, por primera vez el Banco Central tuvo una posición neta vendedora (vendió más que lo que compró) por U$S 94 millones y el gobierno reconoce que en los próximos meses seguirán perdiendo unos U$S 3.000 millones. Esto hace más riesgoso el pago de la deuda pública en dólares que presenta un cronograma muy exigente. El Fondo quiere garantizar los pagos de la deuda vía una devaluación que acentúe la recesión y relance la acumulación de reservas. El gobierno quiere que caigan las importaciones (para ahorrar dólares) por la vía de la recesión, pero evitando un salto cambiario que reactive la suba de precios.
El conglomerado agroexportador coincide objetivamente con el FMI al presionar por una devaluación, dos sectores burgueses difíciles de doblegar. Esto se expresa en que, a pesar de ser un año con una cosecha importante (los seis principales granos tendrán un aumento de volumen del 44 % con relación a 2023), limitaron sus ventas al exterior para buscar imponer un salto en la cotización oficial del dólar. El sector agroexportador presiona por una suba del dólar oficial por su propio interés, mientras el FMI lo hace con el objetivo de hacer “sustentable” el plan en función de cobrar su deuda y que se honre a los acreedores privados internacionales, evitando una fuga masiva de dólares baratos, como sucedió en 2018-2019.
Esto genera contradicciones latentes con el sector financiero que opera en el país que podría ser afectado por una devaluación y salida apresurada del “cepo”. Son tensiones que, por el momento, no se cristalizan en programas económicos alternativos, pero que exhiben una de las encrucijadas que enfrenta el gobierno.
La desaceleración de la inflación de los últimos meses está explicada por la recesión, por la postergación de los aumentos de tarifas de luz y gas (con una nueva dilatación en julio), pero también por el “ancla cambiaria”, es decir por el dólar relativamente planchado. Una devaluación tendría consecuencias en un nuevo desborde inflacionario. Por otro lado, una devaluación, junto con una suba de tasas de interés (que también pide el FMI), acentuará aún más las tendencias recesivas de la economía.
En esta situación crítica, en la conferencia de prensa del viernes 28/6, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, anunciaron una suerte de canje de deuda de la entidad monetaria (en manos de los bancos) que pasará a estar a cargo del Tesoro (Ministerio de Economía). La idea es seguir secando de pesos la economía para limitar la posibilidad de una corrida que haga aumentar las cotizaciones paralelas del dólar. Además, el anuncio comprende un aumento de la tasa de interés para intentar hacer más “atractivo” al peso argentino frente al dólar.
Pero resulta una jugada riesgosa que puede trasladar las presiones cambiarias a una crisis en el sistema bancario, que estará más expuesto a los efectos de un default o reestructuración de deuda, que no puede descartarse en el mediano plazo.
El Tesoro, a su vez, tendrá una deuda más pesada por el traspaso de pasivos que le hará el Banco Central. Esto reforzará la presión por un ajuste para liberar recursos para pagar la deuda: el presupuesto ejecutado hasta junio muestra que los servicios de deuda se llevaron el 13 % del total, superando por mucho a educación y cultura (6%) y salud (4%), al igual que a otras partidas sociales. El analista financiero Christian Buteler estimó, en la red social X, en $1 billón el pago de intereses mensuales que realizó el Banco Central en mayo por pasivos remunerados. Esta cifra, de mínima, será lo que tendrá que pagar, desde ahora, el Tesoro cada mes. En este contexto, el ajuste sobre partidas sociales tendrá una presión mayor para liberar recursos en favor de los especuladores financieros.
En la conferencia de Caputo y Bausili, el rechazo a cambiar el “crawling peg”, a terminar con el “blend” y la indefinición sobre cepo, dan cuenta de que el equipo económico por el momento descarta la “hoja de ruta” que señaló el “staff report” del FMI. No obstante, la vocera del organismo, Julie Kozak, hizo un posteo en la red social X donde expresó beneplácito con la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, como así también con las medidas monetarias, al mismo tiempo que señala que siguen trabajando en medidas constructivas para una Argentina “más próspera y estable”.
Parece un apoyo formal a medidas que van en el sentido que propone el Fondo, como las contenidas en lo votado en el Congreso (incluida la restitución del Impuesto a las Ganancia para los asalariados que pedía el FMI), un esquema de tasa de interés positiva (que le gane a la inflación) y la promesa de reducir el Impuesto País (que se convirtió en uno de los que más recauda) pero que no contemplan un aspecto central de la “hoja de ruta” del organismo: el aumento de la cotización del dólar. No parece ser que la crisis en la relación con el FMI se haya cerrado luego del ataque a Rodrigo Valdés (encargado del Hemisferio Occidental en el Fondo) por parte de Milei.
Caputo y Bausili también dieron un mensaje a los “mercados” en momentos en que el establishment económico considera que el “plan” Caputo está encontrando sus límites: cuando se conozcan los números oficiales de junio es probable que no haya superávit fiscal (Milei lo anticipó a empresarios culpando al aguinaldo de estatales) y, como se mencionó, el Banco Central dejó de acumular reservas; también algunas consultoras anticipan que la inflación de junio podría ser más alta a la de mayo. Asimismo, el anuncio es una suerte de rechazo a las presiones devaluatorias del sector agroexportador.
Habrá que esperar las reacciones de las próximas semanas, pero en las primeras lecturas de analistas y operadores financieros la opinión es que el anuncio del tándem económico resultó poco relevante frente a la situación crítica y a las expectativas de relanzamiento de la economía. También es significativo que el equipo económico tuvo que hacer anuncios que “tapan” el logró del gobierno con la aprobación de la Ley Bases y del Paquete Fiscal. Durante las primeras horas del día lunes 1/7, las operaciones en los “mercados” exhibieron un aumento de la incertidumbre luego de los anuncios de Caputo y Bausili.
Recesión: ¿camino a la depresión?
Los datos publicados por INDEC muestran una caída del 5,1 % interanual del PIB durante el primer trimestre (enero-marzo). Si bien estos datos son una foto del pasado, la información más reciente desmiente la idea de una recuperación rápida en “V”, tal como esperaba el Gobierno. La estimación de FIEL de la producción industrial muestra para mayo una caída de -10,9 % interanual. Según CAME, la industria PyME tiene una caída superior: -19 % interanual en mayo. Por el momento, no hay datos que indiquen una reversión del derrumbe económico. Bajo las tendencias actuales, la recesión podría prolongarse para convertirse en una depresión, es decir en una caída sostenida y profunda. El pronóstico del FMI es de una caída anual de 3,5 % en 2024, que se suma a la de 1,6 % registrada en 2023. Pero podría quedarse corto con un salto devaluatorio y una suba de tasas de interés que agudicen el derrumbe económico.
La desocupación también dio un salto: de 6,9 % en el primer trimestre de 2023 a 7,7 % en el mismo período de 2024. Como explicó Luis Campos en X, el salto todavía es moderado. Aun así, en los Partidos del Gran Buenos Aires, donde se concentra la mayoría de la población del país, la desocupación alcanzó el 9,9 %. Los analistas indican que los datos del primer trimestre también son una foto del pasado y que en la actualidad la situación laboral es más grave.
El derrumbe económico se refleja en otra cifra más dramática: en el primer trimestre, el 55 % de la población fue pobre y el 18 % de la población fue indigente, según estimó el Observatorio del Derecho Social de la UCA. Aunque todavía no llegó a los niveles de 2002, la pobreza medida por ingresos está en niveles históricos muy elevados. Finalmente, los datos oficiales del INDEC, también dan cuenta de un aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso durante el primer trimestre del año.
La deuda eterna
El gobierno está urgido por una deuda pública creciente de muy difícil gestión: entre diciembre y mayo aumentó desde U$S 371 mil millones a U$S 436 mil millones. Este aumento se explica por los artificios de Caputo de pasar deuda del Banco Central al Tesoro (Ministerio de Economía): mayormente el crecimiento es por emisión de deuda en pesos, pero que medida a un tipo de cambio oficial planchado aumenta fuerte en términos de dólares. Con el reciente anuncio, la situación de la deuda del Tesoro empeora.
Pero hay otro capítulo que es la deuda emitida directamente en dólares, que se puede volver inmanejable en los próximos meses: entre junio y septiembre tienen lugar vencimientos de deuda en dólares a cargo del Tesoro (Ministerio de Economía) por U$S 6.918 millones. En 2025, vencen U$S 13,5 mil millones; en 2026, U$S 14,4 mil millones; en 2027, U$S 18,8 mil millones. A este cronograma hay que adicionar que el Banco Central está generando nueva deuda con importadores. Se trata de cifras que la economía argentina no resiste pagar ni con el superávit comercial de años de hundimiento económico como el actual (cuando son bajas las importaciones). Una crítica reestructuración de la deuda está en el horizonte cercano.
Previamente al “staff report”, Caputo había prometido negociar un nuevo programa con el Fondo, lo cual ya develaba que el plan dolarizador y de cerrar el Banco Central había sido abandonado, en tanto son rechazados por el organismo. Caputo quiere conseguir unos U$S 15 mil millones del FMI para lograr una salida administrada del cepo sin un salto en la crisis. Pero no son pocos los analistas y exrepresentantes de Argentina en el Fondo que indican que un desembolso de ese monto no sería posible porque el país todavía adeuda U$S 45 mil millones y la reputación de Caputo con el FMI no es buena (en 2018 fue expulsado del Banco Central por presión del organismo).
El plan de Javier Milei de reorganizar el país a imagen y semejanza de los deseos del capital financiero imperialista encuentra límites crecientes. Para la clase trabajadora, el desafío es aprovechar los elementos de crisis del plan del gobierno para organizar una resistencia seria, poner en pie una alternativa que supere el estado de decadencia al que condujo el régimen capitalista y reorganice el país sobre nuevas bases.