El ajuste brutal y sus consecuencias en la economía real
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha publicado un informe que revela que el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un superávit fiscal de $816.447 millones en septiembre, logrado no por una mejora en la recaudación, sino a través de un brutal ajuste del gasto público. Aunque el gobierno cumplió con las metas fiscales acordadas con el FMI, la recesión económica y el sacrificio de los sectores más vulnerables fueron el precio a pagar.
Los ingresos totales del mes alcanzaron los $9,1 billones, pero sufrieron una caída real de 8,1%, reflejando el desplome de tributos clave como el IVA (-17%), Débitos y Créditos (-11%) y Ganancias (-15%). Este escenario muestra que el superávit no fue producto de una economía en crecimiento, sino del endurecimiento de políticas de ajuste que priorizaron cumplir con el Fondo Monetario Internacional antes que atender las necesidades internas.
Ajuste y recortes
El gasto público total fue de $8,2 billones en septiembre, pero con una caída real interanual de 25,2%. Las áreas más afectadas fueron las jubilaciones, con una reducción del 11%, y la obra pública, que se desplomó un impresionante 73%. Las obras en educación (-98%) y vivienda (-93%) están prácticamente paralizadas, lo que evidencia el completo abandono de sectores clave para el desarrollo del país.
Además, los subsidios económicos también sufrieron un recorte del 13%, mientras que la obra energética, como la Planta Compresora de Salliqueló, fue de las pocas que mantuvo algo de dinamismo con una caída más moderada del 35%.
Por cada $100 recortados, $25,3 provinieron de jubilaciones, $23,7 de la obra pública y $13,4 de los subsidios. En un contexto de creciente inflación y pérdida del poder adquisitivo, el gobierno optó por priorizar sus compromisos financieros sobre el bienestar de la población.
Cumplir con el FMI, a costa del desarrollo
El superávit fiscal acumulado hasta septiembre fue $1,9 billones mayor que la meta acordada con el FMI, lo que demuestra que había margen para mejorar las condiciones de vida de los jubilados, reactivar la obra pública o recomponer salarios. Sin embargo, el gobierno decidió no hacerlo, mostrando una falta de sensibilidad social que agrava la crisis económica.
A pesar de haber alcanzado las metas fiscales, el gobierno deberá solicitar un waiver al FMI por no cumplir con la meta de reservas netas. Sin un nuevo acuerdo, Argentina deberá enfrentar el pago del capital e intereses del préstamo del FMI, un escenario que amenaza con profundizar aún más el ajuste y la recesión.