Un informe de la consultora Analytica revela una caída histórica en el gasto público, con recortes que afectan programas sociales, infraestructura, educación y salarios docentes.
El recorte del gasto público y su impacto en las provincias y sectores vulnerables
Durante los primeros nueve meses del año, el Gobierno nacional implementó una política de ajuste sin precedentes, reduciendo el gasto público en un 30,1%, según un informe de la consultora Analytica. El recorte se mantuvo en septiembre, con una disminución del 29,7% en comparación al mismo mes del año anterior, afectando particularmente a las obras públicas, transferencias a provincias, programas sociales y jubilaciones.
Ajuste en obras públicas y transferencias: el golpe a las provincias
Entre las partidas con mayor ajuste, la obra pública sufrió una caída alarmante del 73,1% interanual, lo que implica la paralización de proyectos esenciales en varias provincias y la pérdida de empleo en sectores dependientes de la construcción. Además, el informe señala una reducción del 58,1% en las transferencias a provincias, afectando programas de infraestructura y servicios básicos. Dentro de este rubro, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fundamentales para el sostenimiento de las finanzas provinciales, no se registraron en septiembre, y en lo que va del año, el recorte real de estos fondos alcanzó un 74,2%.
Impacto en educación y salarios docentes
El ajuste no se detiene en la obra pública y la asistencia provincial: el sector educativo también sufrió recortes graves. La Secretaría de Educación experimentó una disminución del 56,1% en el gasto en septiembre, y entre enero y septiembre, la caída acumulada fue del 48,6%. Dentro de estos recortes, uno de los programas más golpeados fue el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que había representado un 14% del gasto total del Ministerio de Educación en 2023. Este fondo, cuyo objetivo era asistir a los gobiernos provinciales en la mejora de los salarios docentes, se redujo un 90,4% en términos reales desde el inicio del año.
El recorte en jubilaciones y programas sociales
Las jubilaciones, uno de los pilares del gasto social, sufrieron también un ajuste significativo, con una caída acumulada del 20% en el año y del 9,3% en septiembre. En cuanto a programas sociales, el informe de Analytica indica una reducción del 47,4% en el gasto devengado, una situación que agrava la situación de los sectores más vulnerables del país. Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares recibieron un aumento del 8,6%, en un intento de amortiguar la situación para ciertos sectores, aunque este incremento sigue lejos de compensar la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
Un ajuste que resiente los servicios y el bienestar social
El brutal ajuste del gasto público está impactando directamente en los servicios y derechos básicos de millones de personas, desde la infraestructura de obras públicas paralizadas hasta el deterioro en el sistema educativo y la seguridad de los trabajadores jubilados. La paralización de estos fondos no solo compromete proyectos y empleos en las provincias, sino que también desmantela programas de apoyo social y educativo, con consecuencias directas para los sectores más desprotegidos de la sociedad. La estrategia de ajuste sin una planificación efectiva de redistribución pone en riesgo el bienestar de las comunidades y profundiza la desigualdad en todo el país.