Una investigación conjunta entre la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) permitió desarticular un entramado de firmas falsas dedicada a la simulación de arrendamiento de tierras en la zona de General Conesa en los que supuestamente se producían cebollas, que luego eran exportadas a Brasil a través de Puerto Iguazú. Todo ello derivó en una serie de operativos en distintos puntos del país en establecimientos dedicados a la actividad y en los domicilios de los involucrados.
AFIP pudo comprobar que la organización carecía de capacidad económica para producir la mercadería o adquirirla legalmente en los volúmenes en los que era comercializada al exterior, que en rigor habrían sido compradas a productores no registrados. Es así que se pudo constatar que la principal contribuyente involucrada emitió comprobantes fraudulentos por miles de toneladas de cebolla y a valores irrisorios equivalentes al 20 por ciento de su precio real, en un intento de justificar sus operaciones.
Entre las severas irregularidades detectadas por la DGI, se encuentran la falta de declaración de personal alguno a la actividad, el cual era supuestamente tercerizado, pero las facturas por la provisión de esos servicios fueron emitidas desde el mismo punto en que se facturaron las exportaciones. Además, los supuestos contratos de arrendamiento carecían de fecha cierta y eran celebrados con sociedades inexistentes y firmados por apoderados aparentes.
Ante estos numerosos indicios de maniobras fraudulentas, la AFIP dio aviso al juzgado federal de Viedma, que ordenó allanamientos en cinco domicilios en General Conesa y dos en Puerto Iguazú desde donde se mandaba la mercadería a Brasil. En los procedimientos participaron Gendarmería Nacional y Prefectura Naval y se secuestró documentación, equipo informático y dinero en efectivo que el organismo será analizado por el poder judicial y por el organismo para determinar los montos de evasión impositiva.
Por otro lado, en la localidad rionegrina de Río Colorado, la DGI llevó adelante dos operativos en plantas de empaque en los que incautaron 103 toneladas de cebollas acopiada en galpones por no contar con la documentación que avalara su procedencia. La mercadería provenía presuntamente de operadores ilegítimos y pretendía ser comercializada de manera irregular, con un valor de mercado de más de 3 millones de pesos.