Weretilneck busca chivos expiatorios para tapar la crisis carcelaria que él mismo ha profundizado

El gobernador Weretilneck critica al Poder Judicial por el uso de tobilleras, pero la verdadera responsabilidad por el hacinamiento y la falta de infraestructura es de su propio gobierno.

Las recientes declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck, al afirmar que «prefiere a los presos hacinados en una cárcel y no con tobillera», no solo son una muestra de su política represiva, sino también un intento descarado de culpar al Poder Judicial por un problema que es responsabilidad directa del Poder Ejecutivo. El colapso del sistema penitenciario en Río Negro no es nuevo, es el resultado de años de desidia y falta de inversión en infraestructura carcelaria, una tarea que compete exclusivamente al gobierno provincial.

Weretilneck, en lugar de reconocer el fracaso de su gestión para garantizar condiciones dignas en las cárceles, decide atacar al Poder Judicial, buscando desviar la atención de los verdaderos problemas: el abandono del sistema penitenciario, la falta de políticas integrales de seguridad y el hacinamiento inhumano en las cárceles de la provincia.

Una crisis estructural producto de la negligencia del Ejecutivo

El vocal del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián, no tardó en desmentir las acusaciones del gobernador. Recordó que las cárceles dependen del Poder Ejecutivo y no del Judicial, y que la reforma del código procesal penal de 2017, que aceleró las investigaciones y duplicó el número de presos, no fue acompañada por una expansión de la infraestructura carcelaria. El sistema penitenciario sigue estancado en 2017, con las mismas seis cárceles, mientras que la cantidad de reclusos se ha disparado.

Weretilneck parece olvidar que la Constitución Nacional establece que las cárceles son para la resocialización, no para la mortificación. El hacinamiento, lejos de ser una solución, es una violación de los derechos humanos y refleja la negligencia de su gobierno en cumplir con las responsabilidades que le competen. El discurso del gobernador, que aboga por más rigor y menos «livianidad» de los jueces, es una excusa para tapar la inacción del Ejecutivo.

El problema no son las tobilleras, es la falta de políticas serias

El uso de tobilleras o pulseras electrónicas no es una «solución blanda» como insinúa el gobernador, sino una herramienta establecida por ley y controlada por el Ministerio de Seguridad, que depende de su propia administración. Estas medidas no solo permiten descomprimir el hacinamiento en las cárceles, sino que también son un recurso efectivo para cumplir con medidas cautelares y penas alternativas. Si Weretilneck tiene problemas con el uso de las tobilleras, tal vez debería dirigir sus críticas hacia su propio equipo de seguridad.

El juez Apcarián fue claro al señalar que los jueces aplican la ley y que el verdadero problema radica en la infraestructura carcelaria, no en la liviandad de las sentencias. El gobernador ha demostrado una alarmante falta de voluntad para resolver los problemas de fondo, prefiriendo el atajo fácil de culpar a otros y desviar la atención de su gestión fallida.

El Ejecutivo no ofrece soluciones reales

Este cruce entre el gobernador y el Poder Judicial es solo un ejemplo más de cómo el gobierno provincial ha sido incapaz de gestionar adecuadamente los recursos y las responsabilidades que le competen. En lugar de ofrecer soluciones concretas para mejorar las condiciones de las cárceles o implementar políticas serias de resocialización, Weretilneck opta por aumentar la tensión y apostar por una estrategia de enfrentamiento con todos los sectores.

La inseguridad, el hacinamiento y la crisis carcelaria no se resolverán con más mano dura ni con discursos grandilocuentes. Es momento de que el gobierno provincial asuma su responsabilidad y empiece a trabajar de manera seria y coordinada con los demás poderes del Estado para garantizar no solo seguridad, sino también justicia social y derechos humanos. De lo contrario, Río Negro seguirá sumida en una crisis que afecta no solo a los reclusos, sino a toda la sociedad.

El gobierno de Weretilneck ha demostrado, una vez más, que su prioridad no es resolver los problemas, sino buscar culpables para esconder su propia incompetencia.

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