Cada vez más gente vive en situación de calle en Cipolletti
En Cipolletti, la crisis de las personas en situación de calle y el deterioro social en general exponen una preocupante ausencia de respuesta estatal, que se ve agravada por la complicidad del gobierno provincial con las políticas de ajuste implementadas a nivel nacional. A fines de agosto, la Asamblea Multisectorial distribuyó viandas a 38 personas en situación de calle, evidenciando un número alarmante de personas que dependen de la solidaridad para sobrevivir. Esta cifra es aún más inquietante si se considera que los equipos no lograron cubrir toda la ciudad.
El pasado 30 de agosto, el Concejo Deliberante, conformado por ediles del PRO y de Juntos Somos Río Negro, desestimó un proyecto de emergencia alimentaria impulsado por la misma Asamblea Multisectorial. A pesar de la grave situación denunciada, el concejal Martín Posse argumentó que el Ejecutivo local rechazó la idea de que existe una emergencia económica, asegurando que “se garantiza” la asistencia a comedores y merenderos mediante la entrega de “carnes, lácteos, verduras y legumbres”. Según Posse, el Municipio también incluye en su asistencia alimentaria los programas del Ministerio de Salud para pacientes celíacos y la distribución de alimentos en comedores escolares.
Sin embargo, los concejales no negaron los datos presentados por las organizaciones sociales, que advertían que uno de cada diez niños en la ciudad sufre desnutrición. A pesar de esto, consideraron que tanto el Municipio como los organismos provinciales ya dan respuesta a las necesidades de los vecinos, motivo por el cual rechazaron declarar la emergencia alimentaria.
Este panorama refleja no solo una desconexión entre las autoridades y la realidad social que se vive en las calles de Cipolletti, sino también una profunda falta de sensibilidad ante la crisis humanitaria que se agrava día tras día. El municipio cuenta con un refugio con capacidad para 12 personas, pero con limitaciones preocupantes: no admite a mujeres ni familias, dejando a muchas personas vulnerables sin la posibilidad de acceder a un espacio seguro.
Las políticas de ajuste del gobierno nacional, que han reducido el gasto social y los programas de asistencia, encuentran eco en la pasividad del gobierno provincial y municipal, que prefieren desestimar la gravedad de la situación. Mientras tanto, las organizaciones sociales y los vecinos solidarios intentan llenar un vacío que debería ser responsabilidad del Estado.
La crisis en Cipolletti evidencia una falta de compromiso por parte de las autoridades, quienes, lejos de enfrentar la situación, insisten en un discurso que minimiza el problema. Sin un plan integral que contemple la realidad de las personas más vulnerables, la situación no solo continuará empeorando, sino que podría derivar en una crisis aún mayor, profundizando las desigualdades y el sufrimiento de quienes ya viven en la marginalidad.