La Ley de Blanqueo de Capitales se aprobó en la provincia, pero los problemas estructurales siguen afectando a los ciudadanos.
El gobierno de Río Negro ha logrado un avance significativo con la reciente aprobación de la Ley de Blanqueo de Capitales, que replica la normativa nacional. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si esta medida podrá aliviar las presiones fiscales que enfrenta la provincia, en medio de una grave crisis de infraestructura y deudas acumuladas.
El gobernador Alberto Weretilneck, tras la aprobación de la ley, se reunió en Buenos Aires con representantes del gobierno nacional para discutir proyectos pendientes, como la finalización de la Ruta 22 y el traspaso de competencias a las provincias en la privatización de las hidroeléctricas. A pesar de los esfuerzos, aún no se ha logrado destrabar ninguno de estos proyectos, lo que pone en duda la capacidad del blanqueo de capitales para solucionar los problemas estructurales que aquejan a la provincia.
La situación en el frente de la infraestructura es especialmente crítica. En ciudades como Allen, la falta de avances en obras clave ha generado malestar entre los ciudadanos y las autoridades locales, que ven cómo los fondos destinados no logran materializarse en mejoras reales. La Ley de Blanqueo podría ofrecer un alivio financiero, pero la verdadera solución parece estar lejos de alcanzarse.