El Desgobierno y la Sociedad que Señala sin Saber a los Docentes – Los Educadores en la mira
«A los docentes hay que matarlos a todos,» sentencian algunos con una liviandad que estremece. Esta frase, aunque puede cambiar de sujeto según cuál sea el sindicato u organización social que se manifieste en las calles, es el fiel reflejo de la intolerancia y la falta de empatía reinante en estos tiempos. Matar, cancelar, controlarlos, obstaculizar el pleno ejercicio de sus derechos de quién tenga algo por reclamar es algo que está en boga, se ha naturalizado y en Río Negro los docentes son actualmente el centro de estos ataques.
Sucede que a los maestros rionegrinos “se les juntaron el hambre y las ganas de comer”: por un lado, un gobierno provincial encabezado por Alberto Weretilneck que necesita un «chivo expiatorio» para desviar la atención de su propio desgobierno; por otro, una porción de la sociedad que, mientras finge preocupación por la educación, solo lamenta el gasto extra de una niñera durante los días de paro.
El gobernador no ha escatimado esfuerzos en su afán de utilizar en su favor la miopía de una porción de la sociedad que parece creer que por luchar, los maestros son los responsables de la decadencia de la educación de nuestros hijos e hijas.
En su estrategia comenzó cuestionando los certificados médicos presentados por los docentes, sugiriendo una falta de legitimidad en los mismos (en realidad utilizó la palabra truchos), a pesar de que existe una junta médica que se encarga de controlarlos. Poco después dió rienda suelta a un proyecto de Ley que tiene por fin declarar la educación como un “servicio estratégico esencial,» no para mejorar la educación pública ni garantizar a las infancias y adolescencias una educación de calidad, sino para cercenar y prohibir a los trabajadores el derecho de huelga y protesta, garantizados en la Carta Magna. Esta medida busca silenciar a aquellos que, en su lucha diaria, desafían la precarización del sistema educativo y demandan lo que es justo para todos. Por último y casi en simultáneo se pretende instaurar el polémico ítem del presentismo, una especie de «premio» fuera de las discusiones paritarias en las que hace añares se reclama entre otras cosas, un salario digno y mínimamente dejar de percibir sumas “en negro”.
Lo que realmente está en disputa son dos modelos educativos. Por un lado, el del gobierno del ajuste, que desesperado busca legitimar ante una sociedad embrutecida la instauración de un sistema educativo al menor costo posible, aunque eso se traduzca en sueldos de miseria, pagos en negro, edificios en ruinas, comedores escolares desabastecidos y personal con su salud mental al borde del colapso. Por otro lado, el de los docentes, que luchan diariamente en las aulas y en las calles para que la Educación sea una Política de Estado en serio, considerada como lo que es, un derecho cuyo acceso esté garantizado por un Estado presente que entienda que es la cuna sobre la que descansa el desarrollo para el futuro de nuestro pueblo y no un bochorno más en la lista de promesas incumplidas.
No es el docente el responsable de la debacle económica provincial ni su presencia en el aula la única variable que eleva la calidad de la educación. Si la economía y la educación provincial están en peligro la responsabilidad es política. En particular para alcanzar la tan ansiada excelencia educativa, es necesaria la toma de decisiones políticas y económicas, nutridas por el valioso aporte que pueden hacer quienes a diario se dan a la tarea de instruir a nuestros niños, niñas y adolescentes. La educación como política de estado no puede ser reducida al simplismo ni diseñada de espaldas a los educadores. Ahora bien la presencia en el aula de los docentes será consecuencia de acciones de gobierno que realmente busquen maximizar el nivel de la educación y ello sólo es posible si se hace lugar a los reclamos que vienen realizando. Un docente que tiene más y mejores derechos, condiciones laborales y salario dignos y acceso a la salud garantizado por una Obra Social en condiciones óptimas, no precisará ganar la calle o licenciarse por razones de salud. Pero si se los ignora, especialmente en un contexto de trabajo cada vez más hostil y precarizado, se apuesta al conflicto.