Durante este lunes la UCR firmó el despacho favorable para la adhesión de la provincia al Rigi (Régimen de Incentivos para Grandes Inversores). Fue en cuestión de minutos en las comisiones de Economía, Finanzas y Asuntos Institucionales. Se tratará este jueves a las 10 h.
Desde el bloque legislativo del PTS-FITU explicaron sus fundamentos del rechazo a un proyecto que implica mayor pérdida de soberanía y derechos del pueblo trabajador y las comunidades indígenas, todo con tal de satisfacer a las multinacionales mineras.
Aseguraron que los bienes comunes naturales como el litio deben estar en manos de los trabajadores y comunidades indígenas y ser ellos los que decidan en materia de su uso, atendiendo a las necesidades sociales y a un trato equilibrado con la naturaleza.
Al respecto, Natalia Morales afirmó “insistimos que ante el Rigi deberían convocar y escuchar a las comunidades originarias y a los trabajadores que solicitaron ser atendidos, dado que con este proyecto se le otorgan beneficios a las empresas que inviertan, los cuales atentan contra derechos adquiridos como la resolución 169 de la OIT, la prioridad que se les va a otorgar en el acceso al agua o las ventajas fiscales, mientras a las familias trabajadoras se las carga con nuevos impuestos como la tasa Girsu o la tasa vial.”
“Al contrario del discurso oficial que nos acusan de falta de fundamentos para nuestro rechazo al Rigi como expusieron nuestros diputados en el Congreso, la UCR hoy no dio ninguna explicación de las ventajas en materia de empleo, medio ambiente y recursos fiscales que traería el Rigi. De hecho no trajeron a un solo funcionario del Poder Ejecutivo a la Legislatura, siendo que el propio gobernador solicitó el tratamiento urgente de este proyecto que es parte de la Ley Bases impulsada por el gobierno nacional”, afirmó Gastón Remy.
Dado que el oficialismo tiene los votos necesarios para su aprobación, desde la izquierda le exigen a las centrales sindicales y a otras entidades gremiales y sociales que convoquen a acciones en las calles y a medidas de fuerza para frenar la adhesión al Rigi.