La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pidió copia digital y copia certificada del incidente donde el juez Carlos Rosenkrantz reclamó, cuando ya integraba la Corte Suprema, la regulación de honorarios en un juicio por coparticipación en el que representó a la provincia de Santa Fé contra el Estado Nacional. En un escrito firmado por su viejo socio, Gabriel Bouzat, calculan que les corresponde 18.000 millones de pesos, un monto que provocó un escándalo en la provincia ya que la administración santafesina tiene sus propios abogados y, sin licitación alguna, se le adjudicó el trabajo a los estudios de Rosenkrantz y de Ricardo Gil Lavedra, éste último íntimamente vinculado con Juntos por el Cambio. El asunto aún no fue resuelto por los cortesanos. Rosenkrantz ya afrontaría una acusación por haber intervenido en expedientes donde sus exclientes eran parte, algo que no está permitido. Entre ellos figura Santa Fe y hay una larga lista de grandes empresas. La Comisión indaga también en otros dos hechos: Bouzat se habría presentado ante otros potenciales clientes como un estudio que tiene trato preferencial en el máximo tribunal. A eso se suma la sospecha, que se investiga en una causa penal, de que el supremo tendría cuentas no declaradas en el exterior.
Desde la llegada de Rosenkrantz a la Corte en 2016, tuvo participación en causas en las que tenían especial interés empresas que él representaba, asunto sobre el cuál previo a su nombramiento habría denunciado el mismo el posible conflicto de intereses. Si bien es cierto que en algunos casos se apartó, también lo es el hecho de que pasados cinco años dejó de apartarse de las causas pues consideraba que había transcurrido un tiempo prudencial y que por ello no se apartaría. Cabe destacar que ese argumento fue inventado por él. En todo caso debió siempre apartarse en razón de que el Código Procesal establece en los arts. 17 y 30 que “haber sido defensor de alguno de los litigantes o haber emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado”. es causal de excusación o recusación. Actualmente se sabe que habría actuado en no menos de 60 fallos que estarían contemplados en esas reglas incumplidas y que la Comisión de Juicio Político analiza como causal de “mal desempeño” y creen que pudo haber cometido delitos, como violación de deberes de funcionario público. Entre las causas en las que intervino se destacan como involucrados a YPF, Claro, Día, Pan American Energy, Esso, Petroquímica Cuyo y Clínica Estrada. Al día de hoy lleva más de Supercanal, Grupo América, Piero, PBB Polisur, y la provincia de Corrientes también contrataban a su estudio y son parte en otros expedientes donde no se apartó.
Por otra parte, la investigación llevada adelante durante el proceso de juicio político, fueron detectadas numerosas irregularidades. Por ejemplo, en el caso del dos por uno que favoreció a los represores, quedó en claro por la declaración de secretarios, que primero los vocales, liderados por Rosenkrantz, tomaron la decisión de beneficiar a los violadores de derechos humanos, y después buscaron un expediente para concretar la maniobra. En la jugada estuvo también la mano del hasta ahora prófugo Pepin Rodríguez Simón. Otra clara irregularidad es la que hizo estallar el Otra clara irregularidad es el escándalo de la Obra Social del Poder Judicial, que tenía la supervisión de Juan Carlos Maqueda, y en el que se firmaron contratos sospechosos, hubo un desastre en la prestación de servicios y se acumularon los juicios de los afiliados en los que la Corte también intervino.
Dos temas más ocupan a la Comisión que investiga y serán abordados por esta. Hay indicios de que el estudio, que ahora encabeza Bouzat, les promete a sus clientes un trámite preferencial en la Corte. Y también se analizan datos de una causa en trámite, que instruye el juez Ariel Lijo, en que se imputa a Rosenkrantz por tener cuentas no declaradas en el exterior. El magistrado ya pidió la información a Estados Unidos y está esperando respuesta.