Desde diciembre el Gobierno tuvo al frente del organismo a la massista Rosana Lodovico, que venía de ser la segunda de Guillermo Michel. Con la excusa de “despolitizar” el cargo y tras denuncias de corrupción, ahora el puesto lo ocupa Eduardo Mallea, socio del bufete de abogados Bruchou & Funes de Rioja. Encabezado por el titular de la Unión Industrial Argentina, ese estudio redactó parte de los artículos de la “Ley Bases” y el pauete de reformas fiscales que se tratan en el Congreso.
Este viernes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitió un comunicado oficial en el que informó el reemplazo de Rosana Lodovico por el abogado Eduardo Mallea al frente de la Aduana. Según el texto difundido, la titular de la AFIP Florencia Misrahi hizo el cambio “con el objetivo de profesionalizar, modernizar y despolitizar el organismo, y continuando con su plan de reestructuración del mismo”.
Sale Rosana
Lodovico había desembarcado en la Aduana en junio de 2022 como subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, debajo en la línea jerárquica de Guillermo Michel. Ambos son reconocidos laderos de Sergio Massa, quien por esa época arribaría al Ministerio de Economía del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Apenas asumida la gestión de La Libertada Avanza, Michel renunció y le administración libertariana confirmó a Lodovico como su sucesora.
A principios de este mes Lodovico fue denunciada penalmente por la diputada Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica. Se la acusa de haber recibido en 2022 un préstamo de U$S 250 mil de la empresa Promarlon S.A. , sobre la que pesa una condena por contrabando. La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti, quien ya dispuso algunas medidas de prueba a pedido de la fiscal del caso Alejandra Mángano.
En Comodoro Py se intenta demostrar que aquel préstamo recibido por Lodovico y su exmarido Luis Bocassi fue, en verdad, un soborno a cambio de gestiones favorables en la Aduana. Vale decir que Bocassi también fue funcionario del organismo. Y Alejandro Lucano, cuñado de Lodovico, es socio del operador judicial Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo, propuesto por Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia en reemplazo del futuro jubilado Carlos Maqueda.
Promarlon S.A. fue denunciada en 2017 por la misma Aduana, acusada de conseguir mercadería de contrabando procedente de Paraguay ante la “vista gorda” de funcionarios aduaneros. Finalmente esa denuncia terminó en un “acuerdo” en el que la empresa se comprometía a pagar una especie de indemnización, lo que en los hechos significa haber reconocido el delito.
Entra Mallea
Este viernes, al anunciar el cambio al frente de la Aduana, la AFIP presentó al doctor Eduardo Mallea como “abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires y Socio a cargo del Departamento de Derecho Aduanero y Comercio Exterior del Estudio Jurídico Bruchou & Funes de Rioja ”. Y agrega que “fue convocado por la Dra. Misrahi para integrar su equipo de liderazgo, en orden a la decisión de hacer de la AFIP un organismo técnico y no político”.
Que el letrado, caracterizado oficialmente como “uno de los líderes en la materia”, hasta ayer haya sido uno de los socios más importantes del estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja no es un dato para nada menor. Ese bufete de cuervos del poder es uno de los sindicados como redactores en las sombras de la llamada “reforma fiscal” que Milei y Luis “Toto” Caputo quieren que se vote en el Congreso junto al proyecto de Ley Bases.
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Precisamente el tributarista Liban Kusa, socio del bufete y patrocinante legal de varias de las corporaciones más influyentes del país, es quien más comprometido estuvo en esa redacción de ese proyecto antiobrero y antipopular. Algo que en marzo, cuando su nombre salió a la luz, generó ruido no sólo en el estudio jurídico sino en el mismo entorno de Daniel Funes de Rioja, presidente a su vez de la Unión Industrial Argentina (UIA).
En entrevistas que le hicieron por aquellos días, Funes de Rioja reconoció que su estudio jurídico participó del “asesoramiento” al Gobierno de Milei para la redacción del paquete de reformas fiscales, que inicialmente se había incorporado al texto general de la llamada Ley Ómnibus y luego fue retirado por Caputo como propuesta separada.
El jueves 30 de noviembre de 2023, a días de la asunción de Milei y bastante antes de que se hablara de la Ley Ómnibus, Funes de Rioja también hizo declaraciones que servían como anticipo de sus conductas posteriores. Fue durante la 29° Convención Anual de la UIA , donde el pope de la cámara industrial le pidió al electo Presidente una reforma laboral en favor de los empresarios y el fin de todo tipo de control a los aumentos de precios. Algo que, huelga decirlo, Milei se tomó muy en serio desde el minuto cero de su mandato.
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Pero el acercamiento al gobierno libertariano le trajo algunos problemas al abogado del poder. Sobre todo al interior de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), de la que es titular desde hace 16 años. Sus socios del oligopolio alimenticio le cuestionaron no haberse plantado contra la decisión de La Libertad Avanza de habilitar la libre importación de productos para “combatir” la inflación en la canasta básica. Efecto de esos encontronazos fue su retirada como presidente de la Copal en abril.
La reciente designación de Eduardo Mallea al frente de la Aduana parece confirmar que Funes de Rioja decidió una jugada “personal” en medio de sus responsabilidades institucionales. Se sabe que dentro de la UIA también hay sectores que no comulgan con las políticas libertarianas, ya que afectan directamente los intereses de explotadores industriales ligados al llamado “mercado interno” en medio de la depresión económica y la baja sostenida del consumo.
Para la versión oficial de la AFIP, tanto la designación de Mallea en la Aduana como la “reestructuración” que viene llevando adelante Florencia Misrahi “se condicen con los lineamientos definidos por el Presidente Javier Milei para la reorganización eficiente de los organismos del Estado”. ¿Eficiente para quiénes?, podría preguntarse. La respuesta se adivina fácilmente. Para muchos “industriales”, las cuestiones aduaneras dejarán de ser un problema. Algo que podría haber garantizado la massista Rosana Lodovico, si no hubiera salido a la luz aquel “préstamo” de un cuarto de millón de dólares a manos de la condenada Promarlon .